El Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares se reunió ayer con la Consellería de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern Balear. Esta toma de contacto ha servido para valorar y analizar conjuntamente los efectos de la pandemia en el sector.

En la reunión estuvieron presentes Daniel Salamanca (presidente del Colegio) y Antonio Balaguer (vicepresidente), por parte de la institución colegial, y Rosario Sánchez Grau, consellera, Catalina A. Galmés Trueba,  directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, y Juan Bautista Llorens, Cap Servei de Mediación.

Durante el encuentro, Daniel Salamanca ha expresado su satisfacción por la respuesta que los mediadores han ofrecido a los consumidores durante el tiempo de la alerta sanitaria, lo que ha demostrado la adaptación al teletrabajo por parte del colectivo sin que ello haya supuesto una merma en el asesoramiento a sus clientes, resaltando la solidez del sector en estos momentos de crisis.

La figura del mediador colegiado y su visibilidad en la sociedad fue otro de los puntos analizados, y cabe destacar la implicación mostrada por la consellera y la directora General para ayudar a que el conocimiento de las ventajas de disponer de un mediador de seguros sea efectivo.

El tema de la formación, la posibilidad de ofrecer como camino laboral la mediación de seguros a los despedidos de las entidades financieras, el Plan de Ayudas Next Generation de la Unión Europea, fueron otros temas destacados.

Perseguir y condenar los abusos que determinados colectivos realizan en la comercialización de seguros, ha sido otra de las reivindicaciones que el Colegio ha llevado a la Administración. La consellera ha recordado que la obligación de las entidades afectadas es seguir el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por la normativa y el seguimiento de las buenas prácticas, y en concreto, con lo establecido en el artículo 184 de Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el cual se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales.