La Universidad Loyola ha acogido una jornada formativa sobre la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que ha sido organizada por Grupo PACC en colaboración con la universidad y Cosital.

Las jornadas, que próximamente también se celebrarán en Sevilla, han estado destinadas a secretarios, interventores, tesoreros y departamentos de contratación de Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas Públicas.

Al acto celebrado el pasado día 03 de junio en el campus de Loyola en Córdoba, ha contado con la asistencia de más de 80 personas procedentes de Córdoba y Jaén.

Miguel Romero, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los participantes. Las jornadas han contado con la participación de María Soledad Gamo, magistrada de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; José Ignacio Vilaplana, magistrado adscrito al Juzgado de Instrucción N.º 6 de Sevilla y profesor Asociado de la Universidad y Javier Gardón, abogado del despacho Ponce de Leon&Abogados, especialista en Derecho Público.

Por último, Francisco Illescas, Consejero Delegado de Grupo PACC, fue la persona encargada de cerrar el acto.

Grupo PACC, como correduría especializada en el Sector Público, ha desarrollado la jornada con el objeto de ofrecer un valor añadido a estas Administraciones y Empresas Públicas.

Los temas tratados han sido los siguientes:

• LCSP: Clases de contrato, preparación y adjudicación, la importancia de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas y controles sobre la contratación pública.
• Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial.
• Derecho Penal ante Ilícitos en materia de Contratación Administrativa

La nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y es fruto de la obligación de transposición de las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, encontrándose entre los principios fundamentales de esta nueva ley de contratos del sector público: integridad, transparencia, igualdad y competencia.

Entre las novedades más destacadas está la lucha contra la corrupción con medidas como la modificación de la configuración de las mesas de contratación pasando a ser consideradas como órganos técnicos independientes o la modificación de los contratos menores tanto en límite cuantitativo como en procedimiento. También se simplifican los procedimientos de contratación pública y se apuesta por la innovación e implantación de medios telemáticos/electrónicos, entre otros puntos.