El Decreto Ley de Distribución de Seguros, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, ya está en vigor, tras haber sido publicada el pasado 5 de febrero en el BOE. Según el Ministerio de Economía, la nueva norma está orientada al «incremento de la protección y la seguridad jurídica de los asegurados en la comercialización de los productos aseguradores y a mejorar la información a los asegurados, en la contratación y en el momento del siniestro».

Para fomentar esta protección al consumidor, el Artículo 199 del Decreto Ley incluye la posibilidad de denuncia pública y segura de los empleados de los mediadores de seguros y otros distribuidores de prácticas irregulares en la comercialización de seguros sin que sufran represalias por sus empresas, un sistema conocido como whistleblowing y que ya tienen en funcionamiento otros supervisores como la CNMV.

La concreción de cómo deberán funcionar estos canales de denuncia podría ser objeto de desarrollo reglamentario.

En concreto, el texto legal dice que «los distribuidores de seguros y reaseguros deberán disponer de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal independiente, específico y autónomo, que podrán ser objeto de desarrollo reglamentario. Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad tanto de la persona que informa de las infracciones como de las personas físicas presuntamente responsables de la infracción. Asimismo, deberá garantizarse que los empleados que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto«.

Hay que recordar que la nueva normativa de distribución también incluye un nuevo régimen sancionador, más severo que el que existía hasta ahora, por lo que los mediadores deberán extremar sus buenas prácticas en comercialización para no incurrir en irregularidades y ser denunciados.