La regulación de la pasarela que permita a los abogados y procuradores traspasar los fondos acumulados en sus respectivas mutualidades a la Seguridad Social a cambio de años cotizados para poder cobrar así una pensión pública sufrió un nuevo revés en el Congreso de los Diputados la pasada semana, según informa el País.  PSOE y Podemos habrían elaborado «dos enmiendas diferentes a una ley de medidas sobre la mejora del funcionamiento de la justicia debatida en Comisión el lunes pasado. Sin embargo, ninguna de estas dos formaciones lograron el respaldo suficiente para mantener las demandas de estos colectivos en la tramitación parlamentaria. Una falta de apoyo que el diario evidencia que no ha sentado bien en el Ministerio de Seguridad Social».

Tal y como narra el diario, la primera de las enmiendas instaban a que el Gobierno se comprometiera a aprobar una legislación que regulara esta pasarela de los mutualistas al RETA en el plazo de tres meses. Mientras que en una segunda enmienda presentada posteriormente intentaron aprobar directamente la regulación completa de este traspaso de fondos. Por otro lado, añaden, «la propuesta del Ministerio reflejada en esta enmienda no hacía mención a la exigencia inicial de solo permitir el paso al sistema público a los profesionales vulnerables, pero sí establecía la fórmula para determinar cómo computarían los fondos acumulados cuando se entregasen a la Seguridad Social a efectos de años cotizados». En concreto, añaden, el texto rechazado señalaba: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, actualizada al IPC y aplicando a dicha base un coeficiente del 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

Según los analistas, esto significa que para conseguir un año completo de cotización en la Seguridad Social los mutualistas deberían de entregar el equivalente a ese porcentaje de la bases mínimas históricas de cotización aumentadas con el IPC. Una fórmula que «encarece la compra del año cotizado frente a la propuesta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía, que determina, entre otras cosas, que la cantidad necesaria para obtener los quince años de cotización que se exigen para una pensión pública deberían rondar los 33.000 euros«, informa el diario. Además, añaden, «solo podrían usar esta pasarela los que se hubieran dado de alta en la mutualidad antes de de 2013 y quienes se encontraran en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha 1 de enero de 2024, y, a partir de 2027 los nuevos abogados y procuradores ya no podrán cotizar en sus mutualidades de forma alternativa la Seguridad Social».

En este escenario, informa la publicación, la Junta de Portavoces del Congreso acordó el pasado jueves incluir la tramitación de la Ley medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, donde se recogería la regulación de la pasarela de estos mutualistas al RETA, en el pleno de la Cámara Baja de la próxima semana. Por lo que el medio avisa que, «si bien, dado que ninguna de las dos enmiendas quedaron vivas, la única posibilidad técnica de volver a incluir esta regulación en esta norma sería una enmienda in voce, que recogiera un acuerdo de varios grupos para sacarla adelante». Así mismo, el diario vaticina que, «según lo manifestado por algunos portavoces donde llamaron la atención sobre lo poco madura que estaba esta regulación y la ausencia de negociación e interlocución con el Ministerio, lo más probable es que el Gobierno renuncie a incorporar a esta ley la enmienda que regule la pasarela de los mutualistas abogados y procuradores que quieren pasar sus fondos acumulados a la Seguridad Social».