El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado.

El expediente se puso en marcha en marzo de 2025 después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de Facua, a la que después se sumaron las de otras organizaciones. El ministerio tiene abierta otro a una segunda inmobiliaria que opera a nivel nacional por hechos similares, cuya investigación sigue tramitándose. La resolución sancionadora deviene firme y agota la vía administrativa.

La sanción de Consumo ratificada establece que Alquiler Seguro ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves: Imposición al arrendatario la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, imposición al inquilino de un contrato de seguro de Hogar en beneficio de la parte arrendadora y la imposición al arrendatario de cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario.

También la imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas, la introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles, y la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.