ARAG pone de relieve que en verano hay un mayor número de desplazamientos y también de domicilios vacíos. Así que, al volver de vacaciones, algunas personas pueden encontrarse que su vivienda habitual está ocupada ilegalmente. Lo cierto es que los juicios por ocupación ilegal de viviendas descendieron un 22% en 2022 y las denuncias también fueron a la baja, aunque los niveles aún son superiores a los de 2019.

Los ocupas suelen elegir casas vacías de bancos, puesto que las penas son menores y el procedimiento para echarlos menos ágil. Albert Olcina, abogado de ARAG, explica que «entrar en casas vacías de un banco tiene una pena máxima de seis meses; mientras que entrar en una vivienda particular puede castigarse hasta con dos años de cárcel».

¿Cómo recuperar mi vivienda?

Ante una ocupación ilegal lo primero que se debe hacer es presentar una denuncia en la policía o llamar para que vayan a la vivienda e identifiquen a los ocupantes. El abogado de ARAG, Albert Olcina, indica que «si los ocupantes no justifican que se encuentran viviendo legalmente o no contestan en cinco días, el tribunal ordenará su salida inmediata». Este procedimiento sirve tanto para primeras o segundas residencias de propietarios particulares.

Consultar a un abogado

Si no se puede realizar el desalojo porque los ocupantes aportan un justificante conforme es su vivienda, Olcina indica que «hay dos vías para echar a los ocupas: si la casa ocupada se trata de la vivienda habitual y se procede a denunciar de inmediato, se puede optar por la vía penal, que es la más rápida». Sin embargo, para el resto de los supuestos lo mejor es ir por la vía civil.

Importancia de la prevención

Para evitar que se produzca una ocupación lo mejor es tomar medidas de seguridad en la vivienda. El abogado de ARAG apunta que «es recomendable contar con un sistema de alarma, ya que cuanto antes se denuncie una ocupación más posibilidades hay de que se solucione rápidamente”. Para la ocupación ilegal también existen soluciones en forma de pólizas como ARAG Ocupación Ilegal que cubren las minutas de abogados, procuradores e incluso las tasas judiciales para solucionar el problema y que, de lo contrario, correrían a cargo del propietario.