Según un estudio estadístico de ARAG, las dudas de los usuarios relativas a la electricidad aumentaron en un 53% en 2022 respecto al año anterior. En total, las consultas legales sobre temas de consumo han crecido casi un 10% en el último año.

Según los abogados del equipo de consumo de ARAG, las consultas más frecuentes tienen que ver con facturas muy elevadas con lecturas estimadas que no respondían a un consumo real. «Desde los servicios jurídicos de ARAG recomendamos fijarse siempre en la factura y si se detecta que el consumo es estimado ponerse en contacto inmediatamente con la compañía comercializadora para facilitar la lectura real del equipo», explica Javier Sanguino, abogado de la compañía. También hay bastantes dudas con la aplicación de los topes establecidos por el Gobierno y que entraron en vigor el día 15 de junio a través del Real Decreto 10/2022.

Otra consulta recurrente es el cambio sin autorización de compañía comercializadora sin permiso del cliente. Desde ARAG recomiendan actuar con prudencia en el momento de recibir cualquier oferta comercial por parte de una compañía comercializadora, pero si nos encontramos en esa situación, Sanguino recuerda que «existe un plazo de 14 días naturales desde la contratación para poder desistir sin que la compañía comercializadora nos pueda aplicar penalización».

La reclamación de lucro cesante en caso de corte de suministro, sobre todo si se trata de negocios, es otro tema candente. El abogado de ARAG informa que «si tenemos un negocio y nos encontramos ante una interrupción imprevista del suministro eléctrico que no sea por una circunstancia de fuerza mayor que escape del control de la compañía suministradora, es posible reclamar el perjuicio económico sufrido por no poder realizar nuestra actividad».

Como se puede ver, la mayoría de las consultas tienen su raíz en la preocupación por el aumento de la factura de la luz que ha marcado gran parte del 2022. Según Sonia Sánchez, coordinadora del Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica, «en un contexto de crisis los ciudadanos ponen más interés en estar informados sobre sus derechos y en las formas de reclamarlos, sobre todo cuando les afecta directamente en su economía».