Según el ‘Termómetro de Consultas Legales‘ de onLygal, las consultas legales relacionadas con el arrendamiento (29%), tráfico (23%) y consumo (8%), acaparan el 60% de las más de 14.000 consultas gestionadas por la compañía en 2025. Les siguen las relativas a comunidades de vecinos y propiedades con un 6%, respectivamente, y las laborales (5%).

Analizando los tipos específicos de consultas, el informe de onLygal muestra que los principales motivos para reclamar en el ámbito del arrendamiento son las controversias relacionadas con las cláusulas contractuales (65%), la resolución del contrato (20%) y el impago de rentas y suministros (5%).

En cuanto a las de tráfico, el 40% procede de asuntos relativos a la normativa de circulación, el 26% a la velocidad y el 17% a asuntos relacionados con el aparcamiento de vehículos.

Por su parte, en materia de consumo, los problemas que surgen con la compraventa de vehículos y vivienda concentran el 27% y el 13%, respectivamente, de las quejas de los consumidores. Les siguen los derivados de las compras online, la facturación de los suministros y servicios de telecomunicaciones, los retrasos, cancelaciones y/o pérdida de equipaje en viajes, que aglutinan el 18% de las reclamaciones.

En cuestiones relacionadas con la comunidad de vecinos, los conflictos vecinales acaparan el 29% y los daños comunitarios el 23%, y en el conjunto de propiedades, ya sean locales, propiedades rurales u otras, la vivienda representa el 72%.

En el ámbito laboral son los contratos (40%) y los despidos (21%) los temas que concentran el mayor volumen de asesoramiento legal para reclamaciones.

“En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor ratificamos nuestro compromiso con la defensa jurídica de las personas frente a prácticas abusivas o cláusulas desproporcionadas. El acceso a la justicia y a mecanismos eficaces de reclamación es esencial para la protección de nuestros derechos como consumidores, y el asesoramiento legal especializado juega también un papel clave, especialmente cuando las cosas se complican”, afirma Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.

Derechos del consumidor

A la vista de estos datos, los expertos de onLygal, además de recordar los derechos básicos de los consumidores –como tener acceso a información clara y veraz sobre los productos y servicios que compran, a ser escuchados ante cualquier problema, así como a la reparación, reemplazo o devolución del importe si el producto está defectuoso o incumple las condiciones–, ofrecen recomendaciones para protegerlos y, en su caso, defenderlos:

1. Buscar y comparar entre las distintas opciones disponibles (características, precio, etc.) antes de realizar la compra de un producto o la contratación de un servicio. En este proceso, las reseñas y opiniones de otros consumidores contribuyen a evitar posibles engaños o estafas.
2. Conservar toda la documentación relacionada con la compra o contratación, tales como facturas, recibos, contratos y garantías, pues será necesaria para poder reclamar en caso de surgir algún problema.
3. En caso de problema o conflicto, contactar en primer lugar con el vendedor o proveedor del producto o servicio a través de cualquiera de los canales habilitados. Y, de no tener una respuesta satisfactoria, formalizar una queja ante las autoridades competentes en la protección al consumidor.
4. En casos más complejos y/o que supongan una violación grave de sus derechos, es recomendable buscar siempre asesoramiento legal.
5. Por último, si la situación lo requiere, presentar una demanda con el debido acompañamiento legal para hacer valer sus intereses.

“Cada vez recibimos más peticiones relativas a la necesidad de asesoramiento legal, dada la complejidad normativa y contractual. Contar con el asesoramiento y acompañamiento de un abogado especializado en protección al consumidor no solo es la mejor forma de proceder con las opciones legales disponibles, sino que evita muchas complicaciones. Por ello, es fundamental no solo cuando surge un conflicto, sino también en la fase preventiva. Actuar a tiempo reduce riesgos y facilita soluciones extrajudiciales más ágiles y eficaces”, concluye Mañas.