La Comisión Europea (CE) avanzó ayer en varios procedimientos de infracción contra el Gobierno español por no incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo, distribución de seguros y servicios de pago.

Bruselas envió al Gobierno español dictámenes motivados para pedir más explicaciones sobre cómo prevé aprobar estas Directivas y sumarlas a la legislación nacional.

En el caso de los fondos de pensiones de empleo, los Estados miembros estaban obligados a transponer dichas normas al ordenamiento jurídico nacional el 13 de enero de 2019, pero España y otros siete países no lo han hecho aún.

Sobre la IDD, la CE solicita a España que se asegure de que se aplican los nuevos requisitos sobre la información para los consumidores antes de firmar un contrato y las nuevas normas de protección de los consumidores sobre venta de productos de inversión con componentes de seguro, que afectará a los Unit Linked.

En todos estos tres casos, España tiene ahora dos meses para actuar y armonizar su legislación con la normativa europea. Si no lo hace, la Comisión podría llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.