El Gobierno acaba de publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En relación al sector asegurador, se afirma que con carácter extraordinario y una duración de 6 meses, se creará una línea de cobertura aseguradora “de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización”.

El texto establece en su artículo 31 que dichas coberturas serán otorgadas por CESCE “en nombre propio y por cuenta del Estado”. El RD afirma que se garantizará en todo momento “la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo” del Fondo de Reserva mediante el establecimiento de las dotaciones presupuestarias suficientes por el importe de las indemnizaciones abonadas con cargo a esa línea.

Esta línea de financiación se instrumentará en dos tramos de 1.000 millones de euros, entrando el segundo en vigor tras haberse verificado una ejecución satisfactoria del primer tramo. Además, se autoriza a la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado a que incluya dentro de la línea de cobertura «todo tipo de operaciones comerciales, incluidas las nacionales, ya sean de suministro de bienes, prestación de servicios, u otras que realicen las empresas españolas», por entender que las mismas forman parte de la estrategia comercial de estas empresas que actúan preferentemente en el ámbito de la internacionalización.