A lo largo del ciclo, el control del riesgo de crédito implica un equilibrio inestable entre las áreas más técnicas de la empresa y los departamentos comerciales enfocados al crecimiento. La oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, confirma sin apenas variaciones las tendencias que ya se apreciaban hace un año, más focalizadas a la búsqueda de incrementos de facturación que a la gestión del riesgo de crédito.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, el 10% de las empresas, el máximo de la serie histórica, no aplica una política de riesgos para gestionar los posibles impagos en sus procesos de prospección. Asimismo, el resto de valores se mantienen prácticamente inalterados con respecto a 2022.  Sin duda, los datos muestran hasta qué punto el tejido empresarial ha puesto el foco en el crecimiento en los dos últimos años. De hecho, solo un 44% de las empresas cuenta con procedimientos estructurados que definan por escrito su política de riesgos comerciales.

Uno de los datos más negativos es la evolución en el uso de los criterios de solvencia en la selección de clientes. El 36% de las empresas, cinco puntos porcentuales más que hace un año, gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito al no utilizarlos. Aunque esta falta de análisis es una carencia estructural en términos de protección del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad, el ratio actual está siete puntos por encima del 29% que marcaba en los años más severos de la crisis anterior.

También se retrocede en la consolidación de los comités de riesgos. Solo el 33% de las empresas cuenta con estas estructuras para el control sistemático y transversal de la cartera de clientes que permite la revisión, aprobación y recomendación de límites en la exposición al riesgo. El dato del Estudio, a partir de la consulta a más de 700 gestores de empresa, supone un retroceso de dos puntos frente al valor de hace un año. Estamos todavía muy lejos del máximo histórico de 2012 cuando, como reacción a la anterior crisis económica, un 58% de las empresas llegó a contar con estos órganos formales.