El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid reactiva en el inicio del curso 2022/2023 su campaña para prevenir a los contratantes de hipotecas y otros préstamos bancarios de las consecuencias que conlleva en muchas ocasiones suscribir seguros (Vida, Hogar) vinculados a rebajas en el interés del crédito por las entidades financieras.

Los mediadores madrileños muestran su preocupación por la presión que van a imponer los bancos para vender seguros vinculados a préstamos de consumo e hipotecarios ante la vuelta a la actividad tras las vacaciones del verano y el aumento de peticiones de compra de viviendas propio de esta parte del año: «Presión que vendrá justificada por un aumento de la morosidad que seguramente provocará el incremento de los tipos de interés y la evolución de la economía, a pesar de que se encuentra en su nivel más bajo desde enero de 2009».

Desde el Colegio se reforzó a finales de 2021 la campaña de advertencia con los demás colegios de mediadores españoles y con el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, ante la generalización de las malas prácticas por parte de las entidades bancarias.

Además, el Colegio de Madrid se suma a las advertencias que han lanzado otras instituciones, como Asufin, sobre las condiciones que imponen los bancos a la hora de contratar un seguro vinculado a la suscripción de una hipoteca o préstamos bancarios destinados a la compra de vehículos, por ejemplo.

“Desde el Colegio, advierte su junta directiva, llevamos años denunciando que los bancos ofrecen, de forma generalizada, mejores condiciones en el interés del contrato hipotecario a cambio de que el cliente suscriba determinados seguros. Todo ello, sin advertirle que no es prescriptivo contratar esas pólizas con el mismo banco y sin advertirle que contratándolas en otra entidad aseguradora puede resultarle más barato”.

Pese a que la nueva ley hipotecaria prohíbe esta forma de comercialización de seguros, los mediadores de Madrid consideran que pueden darse casos de mala praxis, tal y como denunció el Consejo General ante la DGSFP a raíz de una reciente sentencia en Aragón.