El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de créditos ICO por valor de 5.000 millones de euros dirigido a autónomos y empresas afectadas económicamente por la guerra de Ucrania.

En esta ocasión, el Gobierno ha exigido que «las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación, por parte del cliente, de ningún otro servicio o producto», según se indica desde el Consejo General.

Para el Consejo General, «esta clara advertencia es un triunfo de quienes hemos denunciado constantemente las malas prácticas de la banca en la comercialización de seguros vinculándolos a la concesión de créditos. Es un paso importante en la dirección correcta para acabar con esta situación y que se une a la reciente comunicación del Banco de España exigiendo máxima transparencia».

Tras la polémica surgida con los créditos ICO durante la pandemia de Covid 19, cuando algunas entidades vincularon su concesión a la contratación de productos financieros, especialmente seguros, se recuerda que los Colegios de Mediadores denunciaron esta práctica llevándola ante la CNMC y la DGSFP. «De hecho, el organismo que vela por la libre competencia inició un expediente sancionador por posibles prácticas anticompetitivas», se resalta.

Y se añade que, poco tiempo antes, la Administración insistió en la prohibición de esta mala práctica ante la ola de quejas y denuncias de usuarios que habían padecido esa circunstancia.

En diciembre pasado, se concluye, el Banco de España recordó a las entidades financieras la obligación de ser totalmente transparentes respecto a las características del seguro, ofrecer información precontractual “completa y clara” en la comercialización de pólizas de prima única que obligan a suscribir a los clientes ligados, especialmente, a hipotecas.