El Consejo General se muestra satisfecho con la eliminación de la tasa de 250 euros por reclamación que deberían pagar los negocios de mediación y las empresas demandadas, según el proyecto original de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

A partir de su aprobación, el nuevo organismo se financiará, en parte, mediante una tasa anual a pagar en función del número de casos fallados en contra de la empresa en lugar de a priori. Una medida «lógica y ajustada a derecho», en opinión del Consejo General.

La modificación se ha adoptado en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso y, junto al resto de la norma, pasará al Pleno para su aprobación definitiva en las próximas semanas.

El Consejo General recuerda que se dirigió a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos señalando que «establecer una tasa a priori culpabilizaba a la empresa desde el momento en que tiene que pagar previamente, dándose por buena una denuncia antes de demostrar su veracidad».

En su comunicación a los diputados, el Consejo General indicaba que «la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la posible culpabilidad».

El Consejo General se ha mostrado partidarios de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como «un paso más de apoyo a un usuario que no tiene como enfrentarse en muchos casos a la mala praxis». No obstante, también han expresado dudas sobre su funcionamiento «si no se dota a la institución de medios suficientes; diligencia para procesar en el menor plazo posible las reclamaciones e independencia».