Pese a que el Pacto de Toledo dio un año en otoño de 2020 al Gobierno para regular el macrofondo público de pensiones para pymes y autónomos, que sería gestionado por el sector privado, su puesta en marcha operativa no llegará hasta bien avanzado 2022, según una información de elEconomista.

La normativa podría publicarse en el último trimestre del año, pero su operativa no estaría lista hasta un año después, pendiente de la negociación con los agentes sociales y la licitación de la gestión privada entre las entidades.