El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado a los agentes sociales una primera propuesta para el anteproyecto de ley que regulará el nuevo fondo de pensiones de empleo de promoción pública y gestión privada, que contará con una Comisión de Control de 17 miembros, nombrados por los sindicatos (4), las patronales (4) y el Ministerio (9). La propuesta incluye un mecanismo para crear planes simplificados, que podrán promover las organizaciones económicas sectoriales, las instituciones públicas y las asociaciones de autónomos y que tendrán que integrarse en los fondos públicos.

El fondo será administrado por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria, que tendrán límites a las comisiones de gestión y depósito que pueden repercutir sobre los partícipes: no podrán pasar del 0,4% del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse (en el caso de las entidades gestoras) y del 0,1% en el caso de la depositaria. La política de inversiones del fondo tendrá que adaptarse exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.