El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha anunciado que Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación, que se supone tendría que mejorar las condiciones ofrecidas a las aseguradoras en el primer concurso fracasado para la mutualidad de funcionarios, tras los anuncios de Adeslas, Asisa y DKV de que no participarán en el primer concurso bianual convocado por el Gobierno.

También se baraja una prórroga del modelo actual durante ocho meses, que debería ser asumida obligatoriamente por las tres citadas aseguradoras.

El fracaso del primer concurso ha creado alarma entre los funcionarios, cuyos sindicatos han pedido una solución al fin del modelo mutualista de sanidad. UGT y CSIF mantendrán una reunión mañana con Muface para abordar el tema.

Consecuencias si Muface acaba

Por su parte, Fundación IDIS afirma que el modelo Muface ha permitido, durante décadas, garantizar la cobertura y el acceso a la sanidad privada para 1,5 millones de personas, aliviando la carga asistencial para el Sistema Nacional de Salud y permitiendo a los usuarios ejercer su derecho de elección. De hecho, el 70% de los funcionarios de Muface elige de forma voluntaria recibir su atención médica a través de la sanidad privada, valorando especialmente su calidad y accesibilidad.

Entre los datos que aporta, figura que el mutualismo administrativo reduce la presión asistencial en el sector público y evita el incremento de las listas de espera para consultas externas en un 266%, consultas quirúrgicas en un 115% y más de 5 millones de visitas en Atención Primaria.

También el mutualismo administrativo facilita el control del gasto y genera ahorro al sistema sanitario. En el caso de Muface, la prima media propuesta para los dos años siguientes alcanzaría  los 1.208 euros -frente a los 1.736 del régimen general- (un 43% menor). No obstante, la fundación alerta de que la infrafinanciación del modelo y la alta siniestralidad del colectivo (cercana al 110%) han llevado a este modelo a una situación de alto riesgo de viabilidad, por las pérdidas acumuladas de las aseguradoras y por la imposibilidad de garantizar la calidad asistencial.