El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé la subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro para 2021. El impacto de esta medida se ha valorado por el Gobierno en unos 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo.

Para Unespa, se trata de «una modificación sustancial del tratamiento fiscal del seguro que, de aprobarse, afectará negativamente a las familias y empresas españolas. También impactará, indirectamente, sobre el sector asegurador. Una industria que representa un 5% del PIB y da empleo directo a más de 50.000 trabajadores y con la que colaboran más de 565.000 profesionales». E insiste en que «la medida va a afectar significativamente a familias y empresas al tratarse de un recargo externo a la prima de seguro».

La patronal aseguradora defiende que !»el 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada. Las más comunes son las de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares. Igualmente, es evidente que cualquier empresa tiene contratados diversos seguros para el desarrollo de su actividad económica, desde los seguros de responsabilidad civil a los de robo o daños en sus instalaciones productivas».

Y pide tener en cuenta que «el Impuesto de Primas de Seguro es regresivo desde un punto de vista social. Perjudica a las personas y a las empresas que, a través del seguro y con un criterio de responsabilidad, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros».

Según Unespa, se trata de «una medida desproporcionada y carente de justificación. El encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo por parte del conjunto de la sociedad y la economía del país».

A la subida del Impuesto sobre las Primas de Seguro hay que añadir la rebaja de los límites de aportación a los sistemas de previsión individuales de 8.000 a 2.000 euros. Esta modificación afectará negativamente a los más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones y a casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA).