El Instituto Santalucía ha publicado un informe que el sistema público de pensiones en España afronta un creciente desequilibrio estructural que compromete su viabilidad futura. El estudio, titulado “Situación del sistema público de pensiones y proyecciones 2050 dentro del proceso de revisión en 2025”, ha sido elaborado por Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El análisis destaca que el déficit contable del sistema en 2024 alcanzó los 10.054 millones de euros, el 0,6% del PIB, incluso contando con un escenario macroeconómico favorable. A ello se suma que casi el 30% del gasto en pensiones ya depende de transferencias del Estado, una cifra que evidencia una paulatina pérdida del carácter contributivo del sistema.

El informe subraya que, pese a las reformas acometidas entre 2020 y 2024, centradas principalmente en reforzar la suficiencia y el poder adquisitivo de las pensiones, no se han resuelto los problemas estructurales de sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. El número de pensiones crecerá más de un 56% hasta 2050, impulsado por la jubilación de la generación del baby boom y el incremento de la esperanza de vida. Este factor junto con la apuesta de mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea hace que el gasto en pensiones escalará del 12,9% al 17,1% del PIB, mientras que los ingresos previstos sólo alcanzarían el 13,6%, dejando un déficit estructural del 3,5% del PIB.

Marco de revisión insuficiente

El Instituto Santalucía pone en contexto que, en 2023, como parte del compromiso con los fondos europeos Next Generation EU, se introdujo una cláusula de revisión automática: si el gasto medio supera el 15% del PIB o los ingresos adicionales no llegan al 1,7%, se deben aplicar ajustes. No obstante, el informe advierte que esta regla es insuficiente para frenar el deterioro financiero. Incluso en el escenario más favorable de aplicación estricta de las condiciones marcadas por esta regla, persistiría un déficit que llegaría al 2,3% del PIB en 2050, lo que refuerza la urgencia de actuar.

En el informe se proponen dos vías de reforma. La primera pasa por ajustar los parámetros actuales del sistema: elevar la edad legal de jubilación, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, exigir más años cotizados y vincular el sistema a factores de sostenibilidad según la esperanza de vida. La segunda es más estructural: transitar hacia un modelo de cuentas nocionales individuales, basado en el equilibrio actuarial, más transparente y con incentivos claros.

“Estamos en un punto de inflexión: mantener la suficiencia del sistema sin abordar su sostenibilidad es cargar una factura creciente a las generaciones futuras. No se trata solo de cuadrar cuentas, sino de garantizar un sistema justo, duradero y equilibrado”, señala José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.

Por último, desde el Instituto Santalucía advierten que el informe concluye con un mensaje firme: las generaciones más jóvenes podrían verse abocadas a pagar la inercia del presente mediante mayores cotizaciones, impuestos o deuda pública.