Una vez que Javier Milei accedió, el pasado 19 de noviembre, a la Presidencia de la República Argentina, el nuevo titular del gobierno argentino presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia al que denominó «plan de desregulación económica», con alrededor de 300 reformas legislativas y regulatorias.

En el caso del mercado asegurador, la nueva Ley Ómnibus se propone privatizar dos compañías del Estado:Nación Seguros de Retiro SA y la reaseguradora local Nación Reaseguros SA. Sin embargo, se excluyó del listado a la más importante de las aseguradoras estatales, Nación Seguros, que ocupa el noveno lugar del ranking por facturación, con el 3,25% del total de primas del mercado argentino.

Así, la Ley Ómnibus propone modificar cinco artículos de la Ley de entidades de seguros y su control. En el mercado había temor por rumores de que se podía desregular la intermediación de seguros y habilitar a cualquier empresa a ofrecer seguros, sin ser de objeto único como prevé la ley (solo las aseguradoras pueden vender seguros.

La propuesta encarada por el gobierno de Milei apunta a flexibilizar el alta de nuevas coberturas, desregular aspectos burocráticos, y reducir tiempos y costos. «En aras de mejorar la provisión de seguros, se da libertad a las compañías de seguros para definir sus productos sin autorización previa del ente supervisor, generando dinamismo en el sector», se justifica en los fundamentos del proyecto de ley.

Además, se propone que las aseguradoras puedan operar en todas los ramos de seguro sin autorización previa en tanto cumplan con los requisitos de la ley. También se flexibilizan aspectos burocráticos que influyen en aspectos técnicos de los seguros generales y temas específicos en los seguros de Vida. A su vez, se mantiene la obligación de que las primas deban resultar suficientes y que las comisiones pueden ser libremente establecidas por los aseguradores, pero en este último caso se elimina la existencia de mínimos y máximos, por lo que no se podrá poner tope a las comisiones de los intermediarios.

Entre los cambios propuestos, sólo deberán requerir el visto bueno del organismo de control para la apertura o cierre las sucursales o agencias en el extranjero, pero no así las sucursales en el país, como hasta hoy.