Instituto Santalucía ha presentado una nueva revisión del Pensiómetro, una herramienta que examina a fondo el sistema público de pensiones español. Este análisis, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, ofrece una radiografía de la situación actual y aporta comparaciones con respecto a años anteriores, especialmente con 2012, marcado por la entrada en vigor de la Ley 27/2011, que reformó el sistema de pensiones. En especial, en esta edición del Pensiómetro se han actualizado 18 de los 20 indicadores del sistema público de pensiones español.

Este documento está elaborado por Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social; en específico por Enrique Devesa, Mar Devesa, y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, profesores de la Universidad de Extremadura; y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Según explica Santalucía «un aspecto crucial que aborda el Pensiómetro es la evolución de la edad de jubilación y su impacto en la sostenibilidad del sistema». Desde 2012 hasta 2023, prosiguen su explicación, la edad legal de jubilación aumentó en 1 año y 4 meses, llegando a 66 años y 4 meses, mientras que la edad efectiva de jubilación aumentó en unos 10,5 meses en el mismo periodo, situándose en 64,9 años. «Estos datos son indicativos de los esfuerzos legislativos por ajustar el sistema a los cambios demográficos y económicos», declara la entidad.

Así mismo, la compañía afirma que «la generosidad en términos absolutos, medida a través de la pensión media por pensionista, mejora continuamente en el tiempo». La pensión media por pensionista se sitúa en diciembre de 2023 en 1.324 euros/mes, un 9,5% más que en diciembre de 2022, impulsado, sobre todo, por la revalorización del 8,5%. «Esta mayor generosidad requiere crecimientos de la productividad y empleo suficientes para compensar el efecto sustitución y el efecto número de pensiones sin tensionar el equilibrio financiero».

Primeras valoraciones de la reciente reforma de pensiones

Desde la promulgación de la Ley 21/2021 hasta la implementación del Real Decreto 371/2023, ha tenido lugar en España una reforma importante del sistema de pensiones. Estas medidas incluyen ajustes tanto de ingresos como de gastos. De hecho, el envejecimiento de la población y sus implicaciones económicas son áreas críticas de estudio, dentro del contexto del Pensiómetro.

Sobre este tema, el Real Decreto-ley 2/2023 incluye una regla del déficit de las pensiones en base a las previsiones de los sucesivos informes trienales de envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing Report), y los efectos que las medidas de ingreso incluidas en la reforma tendrán en términos de PIB en el mismo periodo. Según la normativa, el cálculo del análisis de los ingresos correrá a cargo de la AIReF y, en base al resultado de esta comparativa, está previsto que se puedan activar medidas adicionales de contención del gasto o aumentos adicionales del tipo de cotización.

El Pensiómetro analiza los diferentes estudios que miden las medidas de ingreso en el largo plazo, específicamente hasta el año 2050, y su impacto promedio durante el período que abarca desde el año 2022 hasta el 2050, así como la estimación del promedio del gasto público en pensiones, concluyendo que solo las estimaciones del gobierno cumplirían la regla marcada.

Por otro lado, el Pensiómetro subraya el papel de las Transferencias del Estado en el contexto del equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2020. Estas Transferencias del Estado, declara la entidad, han aumentado significativamente en los últimos años, alcanzando el 1,4% del PIB en 2022 y 2023, y desempeñan un papel esencial al financiar una parte importante del gasto en pensiones y alinear las políticas públicas con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En definitiva, el Pensiómetro no solo proporciona un «diagnóstico actualizado, sino que invita a la reflexión y la acción. Las conclusiones del informe abren la puerta a nuevas estrategias y políticas que podrían ser cruciales para garantizar la sostenibilidad y la equidad del sistema de pensiones en España», afirma el Instituto Santalucía.