Insurance Europe ha publicado sus comentarios en respuesta a una consulta de la Comisión Europea sobre una iniciativa de facilitación y protección de inversiones dentro de la UE.

Según la entidad, un entorno de inversión estable y favorable con reglas claras, soluciones efectivas y medidas para facilitar el acceso a las oportunidades de inversión es fundamental y está en consonancia con los objetivos de iniciativas tan relevantes como el proyecto de la Unión de Mercados de Capitales.

Sin embargo, a su juicio, no debería haber cambios repentinos y retroactivos en los marcos de inversión locales. En los últimos años, las reaseguradoras han sido testigas de infracciones lamentables de los derechos de los inversores en relación con inversiones a largo plazo en, por ejemplo, los segmentos de infraestructuras y energías renovables.

Estos casos incluyen reducciones retroactivas en las tarifas de alimentación e impuestos retroactivos de las plantas fotovoltaicas en España, la República Checa e Italia en 2014, así como una reducción del 90% de las tarifas de uso de la red de gasoductos Gassled en Noruega en 2016.

Como consecuencia, algunas reaseguradoras decidieron abstenerse de seguir invirtiendo en mercados donde han incurrido en pérdidas en sus inversiones debido a cambios retroactivos en la legislación sin derechos adquiridos.

Por tanto, afirma Insurance Europe, para facilitar las inversiones futuras, es fundamental que los inversores puedan confiar en el hecho de que seguirán existiendo las condiciones pertinentes después del momento de la decisión de inversión. En caso de cambios (retroactivos) en el marco legal, las reglas de derechos adquiridos adecuadas deben garantizar la seguridad jurídica.

En este sentido, los inversores transfronterizos en la UE también afrentan problemas en ciertos Estados miembro para hacer valer sus derechos y obtener una reparación. En algunos casos, es probable que los inversores no tengan otra opción que llevar el asunto ante un tribunal nacional, lo que, a su vez, puede dar lugar a una escalada de disputas. Esto puede generar un aumento de los costes, dañar la relación de la empresa con las autoridades públicas e, incluso, un eventual retiro de las inversiones.

Si bien una mejor aplicación de las normas de inversión por parte de los Estados miembro puede ayudar a mejorar los problemas a los que se enfrentan los inversores, puede ser necesario considerar nuevas acciones a nivel de la UE para abordar los desafíos existentes. No se trata, según la organización, de cuestionar la jurisdicción de los Estados miembros de la UE. Más bien, consiste en una protección legal simple y efectiva para los inversores extranjeros en caso de violaciones de sus derechos.

Además, los inversores de la UE no deberían verse en desventaja en lo que respecta a la protección jurídica en comparación con los inversores de terceros países. Es fundamental garantizar la igualdad de condiciones entre los inversores de la UE y de fuera de la UE y la eficacia de las garantías procesales otorgadas.