El Observatorio Español de Seguros de Alquiler (OESA) considera que la aprobación final en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que establece la bonificación en el IRPF para los propietarios de vivienda en alquiler que congelen e, incluso, rebajen, los precios de los contratos que finalizan este año sería una buena medida para empezar a solucionar el problema del alquiler en España: «Una medida que sólo podrá avanzar con el compromiso del PP, dada la oposición de los partidos más a la izquierda del PSOE. Dicha bonificación alcanza el 90 por ciento si se mantienen los precios y es del 100% si los rebajan».

“La única vía para solucionar los problemas de vivienda, especialmente los del alquiler, es un pacto de Estado a largo plazo en el que además de PSOE y PP también participen los expertos en materia de vivienda, suelo y alquileres”, afirma el presidente de OESA, Javier Íscar, quien añade que de no hacerlo “se agravará notablemente el acceso a la vivienda en los próximos diez años”.

El Observatorio señala que el problema concreto de los Contratos Covid es que los arrendadores se sienten obligados a no renovarlos porque el precio del alquiler ha subido más de un 50% durante estos cinco años. «Los propietarios, sin embargo, no pueden aplicar estas subidas, pues no pueden negociar un precio superior al índice de alquiler de la vivienda. La situación es perversa porque produce una expulsión masiva de inquilinos que se ven obligados a buscar nuevas viviendas en un momento de precios máximos».

 Peligro de mayor saturación de los Juzgados

OESA también alerta que no llegar a un acuerdo se seguirán colapsando los Juzgados donde el requisito de procedibilidad de la Ley de Eficiencia Procesal (MASC) y la creación de los nuevos Juzgados de Instancia de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia están agravando la sensación de inseguridad jurídica con plazos que superan muchas veces los 18 meses para el lanzamiento o desahucio de la vivienda.

La palanca fiscal para los contratos Covid es, por tanto, una solución practica a una situación excepcional, según OESA. Protege a los propietarios porque no reduce sus ingresos, evita que tengan que vaciar la vivienda por un tiempo para volver a alquilar y fideliza a un buen inquilino. Beneficia también a los inquilinos que mantienen una vivienda con un precio asequible en función de su perfil. De ahí la petición de OESA del apoyo del PP a su aprobación.

Añade que el PP apoya, de hecho, la herramienta de la palanca fiscal en su proyecto de Ley de Vivienda que incluye una bonificación del 75 por ciento del IRPF para los propietarios que saquen sus viviendas al mercado del alquiler después de haber estado vacías dos años o más.

La desgravación fiscal que propone el Gobierno para una renta de alquiler de 1.500 euros en caso de congelación del precio supondría una reducción de sus ingresos de 1.380 euros. La ventaja es que se mantiene al inquilino, se evita tener un tiempo vacío el inmueble y el desgaste para la vivienda que supone la entrada de otro nuevo. Si tomamos como referencia un alquiler de 3.000 euros la situación es más ventajosa para el propietario que aumentará sus ingresos en 6.516 euros.