Facua-Consumidores en Acción considera «escandalosa la inacción de las autoridades de Seguros y Consumo españolas con la aseguradora de productos electrónicos Celside-SFAM, una empresa que recientemente ha salido de España, mercado en el que operaba como correduría, y acumula miles de reclamaciones de usuarios por introducir en sus contratos cláusulas y prácticas abusivas, y que desembarcó en España a finales de 2019 habiendo sido multada y teniendo un procedimiento penal abierto en el Tribunal de París por cometer estas mismas prácticas irregulares».

Tras la quiebra de la multinacional SAS SFAM, la asociación de consumidores se ha dirigido a la DGSFP y a la Dirección General de Consumo «para que aclaren si en estos años se ha producido alguna colaboración y coordinación entre las autoridades españolas y francesas, teniendo en cuenta la gravedad y el alcance de las conductas abusivas desarrolladas por esta empresa, además de los precedentes que ya existían en el país vecino».

Asimismo, ha pedido información a las autoridades de Seguros y Consumo sobre si han puesto en marcha alguna actuación a fin de orientar y proteger a los afectados por sus prácticas abusivas y por la paralización de su actividad, que derivará en que no les prestará los servicios contratados y la dificultad de devolverles las cantidades cobradas indebidamente por los servicios y que venían siendo reclamadas.

En caso de que no se haya llevado a cabo dicha cooperación a nivel europeo, Facua exige que «se implanten las medidas oportunas para que la comunicación entre los organismos reguladores y de control de los Estados miembros sea una realidad, de forma que se puedan adoptar medidas que protejan eficazmente a los consumidores europeos de las prácticas desleales llevadas a cabo por empresas que operan en varios países».

Multa de 10 millones en Francia

El grupo asegurador francés, que comenzó a operar en 1999, ha venido operando bajo las marcas Indexia, Celside, SFAM, Hubside y Cyrana. Todas ellas acumulan una deuda de 12 millones de euros con la Seguridad Social del país galo, una multa de 10 millones de euros impuesta por el Gobierno francés en 2019 por fraudes a los consumidores y las denuncias de multitud de afectados.

Facua ya denunció en 2022 a esta empresa ante diferentes organismos por insertar en sus contratos de adhesión cláusulas y prácticas abusivas. Ninguna de las administraciones ante las que interpuso sus denuncias le comunicó el inicio de actuaciones sancionadoras contra la empresa.

Entre las reclamaciones tramitadas por Facua para defender los derechos de afectados por las irregularidades de Celside-SFAM destaca el caso de un socio de Vitoria al que la empresa tuvo que reembolsar 2.853 euros por cobros indebidos y el de otro de Madrid al que acabó devolviendo los 759 euros que tuvo que poner de su bolsillo para reparar su ordenador.

Facua denuncia que «la empresa ha venido actuando en España estos años sin que se adoptara ninguna medida preventiva para evitar que los consumidores españoles fueran engañados como los franceses».

Por último, concluye que «por todo lo anterior, no entiende que las autoridades de Seguros y Consumo españolas no hayan hecho nada durante todos estos años para sancionar a esta aseguradora por las numerosas irregularidades y prácticas abusivas que venía aplicando en los contratos de sus clientes, más teniendo en cuenta los precedentes que ya tenía en Francia».