Facua-Consumidores en Acción acusa a la DGSFP de una «total desatención» a los usuarios afectados por los fraudes y posterior quiebra de la aseguradora de productos electrónicos Celside-SFAM.

Tal y como dicta su comunicado, «dicho organismo es conocedor, al menos desde el año 2022 a raíz de la denuncia de la asociación, de las reclamaciones existentes contra esta empresa por introducir en sus contratos cláusulas y prácticas abusivas. Celside-SFAM desembarcó en España a finales de 2019 habiendo ya sido multada y teniendo un procedimiento penal abierto en el Tribunal de París por cometer estas mismas prácticas ilegales en Francia».

Pese a ello, continúa la asociación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha hecho caso omiso a las reclamaciones presentadas por Facua en nombre de muchos socios afectados. De este modo destaca que algunas de estas reclamaciones ni siquiera han obtenido respuesta mientras que en otras, se desentiende con el argumento de que ya «se ha superado el plazo de resolución debido al elevado número de expedientes que se tramitan».

Además, el comunicado hace alusión a que su Servicio de Reclamaciones no tiene competencia para emitir un pronunciamiento al entender que las cláusulas abusivas que introducía Celside-SFAM en los contratos de seguros no se refieren «a la condición de usuario de servicios financieros de las entidades aseguradoras», pese a que dichas condiciones estaban incluidas en contratos de seguros como servicios adicionales relacionados con dichos seguros de dispositivos electrónicos y con la imposibilidad de rescindir y no renovar los contratos con esta aseguradora.

Desatención de responsabilidades

Facua considera que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones «no ha entrado al fondo del asunto, desatendiendo sus responsabilidades de tutela de los asegurados y de control ante una empresa que ha generado problemas a miles de personas con sus prácticas abusivas durante años en España pese a ser conocedora de la situación en la que se encontraban los afectados».

Así, inciden en que el organismo regulador y de control de la actividad aseguradora en España «tendría que haber informado a los consumidores de la situación de Celside-SFAM y haber adoptado medidas para salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurados frente a las prácticas fraudulentas de la empresa. Es más, ni tan siquiera hay constancia de que haya informado a los afectados de la quiebra de la empresa y de la posibilidad de presentación de los créditos, pese a que ha transcurrido ya prácticamente un año desde que se produjo este cese de actividad. Tampoco hay constancia de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informase a los usuarios sobre el procedimiento penal abierto en el Tribunal de París por las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por SFAM en contra de los derechos de los consumidores».

De este modo Facua recuerda que la empresa cesó lo actividad en mayo de 2024 y se abrió procedimiento concursal en Francia con plazo para la presentación de los créditos para consumidores no franceses hasta septiembre de 2024. Así mismo, recuerdan que la asociación ya emitió un comunicado en el que acusaba de «escandalosa la inacción de las autoridades de seguros y consumo».

Las irregularidades

Para Facua, «el modus operandi de la entidad a la hora de contratar ha sido el engaño y la confusión, atribuyendo a sus clientes servicios que desconocían haber contratado y, posteriormente, dificultando el ejercicio del derecho de desistimiento. Es más, una de las cláusulas de sus contratos recogía una penalización al consumidor si el desistimiento se realizaba durante los 12 primeros meses de vigencia del contrato, obligándole a enviar una carta por correo postal a Francia y corriendo con el coste de dicho envío para poder comunicar su voluntad de resolver el contrato, además de hacer caso omiso a las peticiones o reclamaciones por teléfono o correo electrónico».

«Para más inri», añaden que la empresa exigía al consumidor un preaviso de dos meses para comunicar su voluntad de no renovar el contrato, lo cual incumple lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que establece solo un mes de plazo.

Así, recuerdan que «numerosos usuarios han denunciado durante años que, tras contratar un seguro con esta entidad o cualquiera de sus filiales, recibían cargos superiores a lo pactado en el contrato suscrito, aplicando cuotas por unos supuestos servicios que nunca habían sido ni contratados ni prestados. SFAM comercializaba sus pólizas a través de grandes cadenas como Fnac, K-tuin y las tiendas Xiaomi, además de su propia red de tiendas Hubside Store».

Por todo ello, Facua considera que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones «no ha llevado a cabo el control y tutela de los derechos de los consumidores que se le debe exigir en el cumplimiento de sus competencias». Tampoco entiende, continúa el comunicado, que las autoridades de seguros y consumo españolas «no hayan hecho nada durante todos estos años para sancionar a esta aseguradora por las numerosas irregularidades y prácticas abusivas que venía aplicando en los contratos de sus clientes, más teniendo en cuenta los precedentes que ya tenía en Francia».