Con motivo del 30ª aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo, Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y el Instituto Santalucía  publican el informe “El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es”, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de economía aplicada Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea. El trabajo repasa el origen, desarrollo y situación actual de este mecanismo de consenso político y social sobre el sistema público de pensiones, que marcó un antes y un después en la definición de la política social española.

Según recuerda García Díaz, el Pacto de Toledo “fue un acuerdo histórico que supuso renunciar a la búsqueda de réditos políticos de corto plazo en un asunto de Estado, apostando por la responsabilidad colectiva y la estabilidad del sistema público de pensiones”.

Uno de sus aspectos principales es el análisis de cómo, entre 1977 y 1995, la sociedad española realizó un gran esfuerzo para construir un sistema de pensiones de amplia cobertura y cómo las reformas aprobadas entre 1995 y 2013 prepararon al sistema para afrontar el progresivo envejecimiento de la población. En esa etapa, las medidas adoptadas —como el aumento de la edad de jubilación a 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de 8 a 25 años, y el incremento de 35 a 37 años para alcanzar el 100% de la base reguladora— respondían a un enfoque de moderación del gasto y sostenibilidad a largo plazo, asumido con amplio consenso político y social.

Del consenso tras la reforma de 2013 y especialmente desde el Acuerdo de Renovación del Pacto de Toledo de 2020, se observa “un cambio estructural en su funcionamiento”, que habría transformado su naturaleza inicial. Según el autor, el Pacto habría pasado de ser un espacio de responsabilidad intergeneracional a convertirse en un instrumento de políticas más expansivas, “financiadas con deuda y subidas de cotizaciones e impuestos, que benefician principalmente a las generaciones actuales en detrimento de las futuras”.

Este giro supone un quebranto del equilibrio intergeneracional que inspiró el Pacto original y que durante décadas permitió adoptar reformas difíciles sin fracturar el consenso social.

Pacto que ha perdido su imparcialidad

Para García Díaz, “las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que, en origen, nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su utilización partidista”. En la actualidad, añade que “parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su distribución intergeneracional”.

El estudio, además, hace un llamamiento a recuperar el espíritu fundacional del Pacto de Toledo, basado en el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad política, para afrontar los retos de sostenibilidad y equidad de un sistema de pensiones que sigue siendo el pilar fundamental del Estado del bienestar en España.

“La reflexión que plantea este informe es clave para entender que el futuro del sistema de pensiones no depende solo de decisiones coyunturales, sino de mantener vivo el espíritu de consenso, análisis y responsabilidad que dio origen al Pacto de Toledo. Solo desde el diálogo y la evidencia podremos garantizar su sostenibilidad y su capacidad de proteger a las próximas generaciones”, comenta José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.