FERMA ha publicado su documento de posición sobre la revisión de las Directivas de Contratación Pública de la UE (DPP), en respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea. En él, se proponen una serie de opciones políticas diseñadas para introducir una mayor flexibilidad en los procesos de licitación para las empresas del sector público a la hora de contratar seguros.

La federación indica que, en un entorno de riesgo cada vez más volátil, la necesidad de soluciones de seguros sólidas e integrales para reforzar la resiliencia de las entidades del sector público es crucial. Sin embargo, FERMA considera que los requisitos actuales de DPP relacionados con las licitaciones públicas de seguros son demasiado onerosos tanto para las empresas como para las aseguradoras y carecen de la flexibilidad necesaria para garantizar la cobertura de forma eficiente y rentable. Ineficiencias dentro de la DPP.

Entre las ineficiencias del mercado actuales generadas por las Directivas se incluye la duración del proceso de contratación, que puede tardar hasta tres meses. Dado que las negociaciones de renovación de pólizas suelen realizarse anualmente y principalmente en el cuarto trimestre, este período de contratación prolongado puede implicar que las aseguradoras se centren más en las oportunidades del sector privado que en las licitaciones públicas.

Añade que la DPP también impone importantes requisitos administrativos tanto a las empresas del sector público como a las aseguradoras. La participación en licitaciones públicas exige que las aseguradoras presenten una extensa documentación, ya que deben proporcionar datos exhaustivos como parte del Documento Único Europeo de Contratación.

Además, FERMA considera que los procesos de contratación carecen de la flexibilidad necesaria para operar en el dinámico mercado asegurador actual. La DPP no contempla adecuadamente las complejidades inherentes a los programas de seguros a gran escala ni la necesidad de que múltiples aseguradoras participen en un único riesgo, sobre todo porque las directivas asumen que cada licitación tendrá un único adjudicatario. Como resultado, las empresas del sector público suelen encontrarse en desventaja al negociar seguros, lo que las expone a primas más altas en comparación con las empresas privadas y al riesgo de no encontrar una cobertura suficiente.

Adaptación de la Directiva 

Para abordar estas ineficiencias y la falta de flexibilidad, FERMA aboga por la revisión de la Directiva de Contratación Pública y ha instado a la Comisión Europea a considerar las siguientes opciones políticas:

1. Adaptar la Directiva de Contratación Pública para introducir requisitos menos rigurosos para los contratos de seguro. FERMA ha identificado varias áreas de posible mejora regulatoria, aunque considera que esta opción no resuelve los problemas relacionados con la contratación de seguros.
2. Excluir las pólizas de seguro del ámbito de aplicación de la Directiva de Contratación Pública. Esto se alinearía con las exclusiones existentes de préstamos y otros productos financieros y sería compatible con los objetivos generales de la Directiva.
3. Permitir la presentación de informes ex post sobre la contratación de pólizas de seguro. Esto proporcionaría un mayor grado de transparencia y, al mismo tiempo, otorgaría a las empresas del sector público la flexibilidad que necesitan. Sin embargo, esta opción representaría una carga administrativa adicional en comparación con una exclusión.

Al comentar las revisiones propuestas, Typhaine Beaupérin, directora general de FERMA, afirmó: «Reconocemos la necesidad de unos procesos de contratación pública sólidos y eficaces en la UE. Sin embargo, en su estado actual, la PPD supone un lastre importante para las empresas del sector público a la hora de obtener una cobertura integral a un precio comparable al de las empresas privadas. Además, los requisitos desincentivan a las aseguradoras a participar en licitaciones públicas, lo que perjudica la resiliencia y la competitividad de la UE. Por lo tanto, instamos a la Comisión Europea a que considere reducir la carga administrativa que aplica, excluyendo las pólizas de seguro del ámbito de aplicación de las directivas o permitiendo la presentación de informes ex post para una mayor flexibilidad en las compras».