A raíz del anuncio oficial de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana acerca de no extender el contrato de concesión que el Departamento de Salud de Torrevieja tiene con Ribera Salud, Fundación IDIS afirma que «cada administración es libre de gestionar la sanidad bajo el modelo que considere más oportuno pero siempre prevaleciendo la calidad asistencial y la eficiencia en la gestión; a partir de esta premisa desea hacer pública su honda preocupación por una decisión de estas características» y hace un llamamiento para que «se reflexione sobre esta medida y se tengan en cuenta los graves perjuicios que conllevaría esta decisión para la asistencia sanitaria en la zona y, de forma muy especial, para pacientes y profesionales sanitarios». Por ello, expone las siguientes consideraciones:

• En sanidad cualquier medida debe estar asentada en datos objetivos contrastados y rigurosos que valoren su conveniencia en términos de resultados sanitarios y de salud, acceso, calidad y resolución asistencial, eficiencia e impacto en el servicio prestado teniendo muy en cuenta a pacientes y profesionales.

• Tal como atestiguan los datos del informe de la Sindicatura de Cuentas, la asistencia sanitaria integral de la población del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales -lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública de su misma categoría-, un mayor índice de cumplimiento de los acuerdos de gestión y una mayor satisfacción por parte de los pacientes.

• La decisión de no prorrogar el contrato pone en riesgo la atención sanitaria de más de 140.000 ciudadanos, además de suponer un incremento notable en las listas de espera, altos costes presupuestarios y tensión entre sus 1.400 profesionales. A modo de ejemplo, los datos oficiales de la Comunidad Valenciana muestran que las listas de espera en este hospital son menores, con 56 días de media.

• Los antecedentes de la reversión del hospital de La Ribera (Alzira) han demostrado la inoportunidad e inconveniencia de medidas de este tipo una vez que, a pesar de haber aumentado este centro hospitalario su plantilla en un 31%, hemos podido ver en los medios de comunicación informaciones sobre el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización, falta de personal en el hospital y en los centros de salud de referencia y reducciones retributivas de los profesionales, entre otros problemas. Además, las listas de espera se han visto incrementadas considerablemente.

• Los datos corroboran que la reversión del hospital de la Ribera, también gestionado por Ribera Salud hasta 2018, ha supuesto un sobrecoste de 76 millones de euros según informes de las concesionarias a partir de los datos oficiales disponibles. Además, en los dos últimos años se han triplicado las listas de espera según los últimos datos oficiales publicados por la Conselleria de Sanidad.

• Las concesiones administrativas son un modelo de colaboración público-privada que implica el uso de herramientas de gestión privada en hospitales públicos, en el cual las empresas privadas asumen los riesgos de la creación y el mantenimiento de la infraestructura. Esta fórmula está vigente en la Comunidad Valenciana desde el año 1999 y ha demostrado sus bondades en términos de resultados sanitarios y de salud (eficiencia, acceso, calidad, seguridad, resolución asistencial y de excelencia del servicio prestado fundamentalmente) y de idoneidad y conveniencia financiera y presupuestaria.

• La calidad asistencial y la experiencia de paciente del modelo de concesiones tiene un índice de satisfacción de los usuarios claramente positivo, incluso por encima de sus homólogos hospitalarios de gestión tradicional y así se puede comprobar en las diversas encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos y a los profesionales que trabajan en este entorno.

En definitiva, desde Fundación IDIS quieren poner el acento en «la inoportunidad e inconveniencia de la medida dados los datos positivos en indicadores asistenciales y de gestión ofrecidos en su trayectoria por el hospital de Torrevieja y la mala experiencia y resultados ofrecidos por la reciente reversión del Hospital de La Ribera (Alzira). En nuestro criterio y atendiendo a lo expuesto, esta medida perjudica seriamente al paciente, al profesional sanitario y al propio sistema de salud de la Comunidad Valenciana».

Rechazo de ASPE

En la misma línea, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) pone de manifiesto su disconformidad con dicha decisión por considerar que la sanidad no puede dejarse en manos de la ideología. Y es que, las concesiones administrativas responden a una fórmula de colaboración público-privada que lleva funcionando en la Comunidad Valenciana desde el año 1999 favoreciendo, en este caso concreto, un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, como asevera el informe de la Sindicatura de Cuentas.

“Las medidas de carácter ideológico que no tienen en cuenta los datos ni la satisfacción del paciente harán insostenible el Sistema de Salud de la Comunidad Valenciana”, denuncia Carlos Rus, presidente de ASPE.

La patronal de la sanidad privada solicita que se consideren las consecuencias asistenciales que puede suponer esta medida en la región en un momento en el que la pandemia mundial por Covid-19 asola la sanidad y la economía de nuestro país.