Una vez analizadas las bases sobre las que se asienta el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuya consulta pública ha sido abierta hoy, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se mantiene expectante a la espera de conocer en qué se materializa el propio Proyecto de Ley. 

Y por tanto, en relación con los objetivos de la consulta pública previa abierta, Fundación IDIS manifiesta que:

• Estaría de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes.
• Con respecto a los objetivos de la norma, en cuanto a la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro” y a la “facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de los servicios sanitarios públicos”, a la espera de cómo se concreten en la norma, establecen que:

– Según el “Observatorio de la sanidad privada 2024”, presentado recientemente por Fundación IDIS, el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y los colaboran asiduamente con el SNS, bien perteneciendo al mismo a través de los convenios singulares, bien a través de los diferentes conciertos con los centros que no están dentro del SNS.

– Según el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH), de todos los hospitales privados, solo un testimonial 5% corresponde a hospitales sin ánimo de lucro (benéficos), por lo que la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas.

• Finalmente, en relación con el cuarto objetivo de la consulta pública previa, que aboga por alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad, más allá de renovar las bases de la colaboración público-privada, lo cual siempre es beneficioso y ha de hacerse para garantizar el acceso al sistema en tiempo y en forma para los pacientes, Fundación IDIS entiende que lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española.

Por tanto, Fundación IDIS está de acuerdo en la introducción de reformas o modificaciones que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible para cumplir con las necesidades crecientes de nuestra sociedad. Sin embargo, la limitación de la colaboración público-privada en Sanidad por cuestiones ideológicas solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes.

ASPE cree irreal un SNS sin la ayuda de la sanidad privada

Por su parte, en el contexto del anuncio hecho por la ministra de Sanidad del inicio de la tramitación de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) califica de irreal la intención de gestionar de manera eficiente un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado y observa un riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública, ya que «la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación», tal y como señala Carlos Rus, presidente de ASPE.

El sector privado ve además con preocupación las expresiones «altisonantes e innecesarias” pronunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que estas declaraciones nuevamente «contribuyen a criminalizar la actividad legítima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos», en palabras de Carlos Rus.

En este sentido, la sanidad privada quiere, nuevamente, afirmar su papel determinante a lo largo de estos años como recurso estratégico y flexible y niega cualquier acusación extemporánea que se vierta contra su concurso. Asimismo, recuerda que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, según los estudios, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas.

Este proyecto de ley pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios. Un sistema con éxito en numerosas formas de colaboración público-privada que además es habitual en el conjunto de los países líderes de nuestro entorno europeo

La entidad señala que es preciso también tener en cuenta que la futura ley provocará una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las Comunidades Autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional. «Se está limitando a las CCAA en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas, más necesario aún si cabe en los tiempos actuales, en los que los ciudadanos padecen listas de espera en cifras históricas semestre tras semestre», indica el presidente de ASPE.

El retraso en la obtención de atención puede resultar en un empeoramiento de la salud del paciente, ya que las condiciones médicas pueden progresar sin tratamiento adecuado. Esto puede llevar a complicaciones adicionales y, en algunos casos, a un mayor riesgo de discapacidad o incluso de mortalidad. Además, las listas de espera prolongadas pueden generar estrés y ansiedad en los pacientes y sus familias, quienes se ven obligados a enfrentar la incertidumbre sobre cuándo recibirán atención médica

«Desde el sector de la provisión sanitaria mantenemos nuestro firme nuestro compromiso de trabajar mano a mano y de una forma responsable como siempre hemos hecho con el Gobierno central y con las Comunidades Autónomas para construir un sistema de salud fuerte, sostenible y accesible, en el que no se pongan trabas para la colaboración», insiste Carlos Rus. «Abogamos por un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las experiencias y conocimientos de todos los sectores, reconociendo que la utilización de todas las herramientas disponibles enriquece la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas, y muy especialmente ante la alarmante situación de espera de muchos pacientes», añade.