La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha abierto un nuevo frente de incertidumbre para buena parte del tejido empresarial español. En este sentido, el 55% de las pymes  considera que esta medida no impactará en su competitividad, según los datos de 2025 del II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox.

En contraposición, un tercio de las pymes cree que esta medida afectará negativamente o muy negativamente en su capacidad para competir, lo cual refleja una preocupación latente, especialmente entre ciertos segmentos empresariales. De hecho, el mayor escepticismo se concentra en las micropymes (45%), las empresas con una antigüedad mayor de 5 años (35,6%) y aquellas con una facturación inferior a los dos millones de euros (32,5%). Por su parte, los sectores que muestran mayores reticencias son el comercio (36%), seguido de otros servicios (29%) y la industria (28,4%).

En este contexto, el informe detecta que la implementación de la nueva jornada laboral tras su aprobación presenta un grado de adaptación heterogéneo. Casi una de cada cinco pymes (18,4%) afirma que no tomará ninguna medida y seguirá organizándose como hasta ahora, mientras que un 13% reconoce que aún no sabe qué hará. En paralelo, cabe destacar que el 9,3% pretende impulsar la eficiencia y reorganizar funciones, y un 8,6% baraja ajustar horarios, atención al público o turnos. Muy pocos, apenas un 4%, contempla reforzar la plantilla, y solo el 1,6% menciona reducción de personal como respuesta.

Pymes españolas no tienen miedo a las subidas del SMI

Otra de las medidas que continúa marcando el pulso del sector empresarial es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). No obstante, y según se desprende del mismo estudio, el 75% de las pymes españolas se muestra a favor de ello y, además, el 67% cree que no afectarán a su competitividad en comparación con el 32% que sí percibe un impacto adverso.

Ante este escenario, las pymes han adoptado distintas estrategias para adaptarse al incremento de los costes laborales. En este sentido, cabe poner de manifiesto que el 35,7% ha optado por incrementar los precios a los clientes, mientras que el 35,3% ha reducido los márgenes. A su vez, el 20% afirma haber limitado nuevas contrataciones y recurrido al despido de empleados, seguido de un 18,7% que ha apostado por mejorar la productividad y un 17% ha asumido un aumento de los costes derivados del personal.