Inade constata que en el seguro persisten prácticas discriminatorias con las personas con discapacidad
La Cátedra Fundación Inade–UDC celebró ayer en el Paraninfo de la Universidade da Coruña la jornada “Rompiendo barreras: discapacidad, discriminación y seguro”, un encuentro destinado a reflexionar sobre las barreras que encuentran las personas con discapacidad para acceder a productos aseguradores y a profundizar en las obligaciones legales del sector en materia de igualdad de trato.
Durante la jornada se presentó el informe “Discapacidad, discriminación y seguro” y elaborado por las catedráticas Natalia Álvarez (Universidad de A Coruña) y Cristina Guilarte (Universidad de Valladolid). La obra parte de un hecho preocupante: pese a los avances en autonomía y normalización de las personas con discapacidad, persisten prácticas diferenciadoras y discriminatorias en el ámbito asegurador, en ocasiones incumpliendo la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Contrato de Seguro, vigente desde 2011.
El estudio analiza el marco jurídico vigente, incluido el hito que supuso la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, que convierte este principio en eje estructural del ordenamiento. A partir de este análisis, identifica cuándo existe discriminación en el contrato de seguro, cuáles son sus manifestaciones más habituales y qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de dichas prácticas.
La obra también incorpora un catálogo de buenas prácticas, que propone medidas realistas para el sector asegurador, la Administración y la ciudadanía, orientadas a prevenir la discriminación directa e indirecta y garantizar un acceso más equitativo a los productos aseguradores. Entre ellas destacan: la evaluación individualizada del riesgo sin recurrir a estereotipos; la accesibilidad universal en los procesos de contratación, atención al cliente y gestión de siniestros; la exigencia de que cualquier diferencia de prima o cobertura esté debidamente justificada;
En el encuentro, surgieron cuestiones de relevancia: si el derecho al olvido debería ampliarse a otras enfermedades; en qué supuestos podría considerarse legítima la denegación de contratación; cómo valorar las exclusiones que afectan a todos los tratamientos de una misma patología; o de qué modo controlar la discriminación indirecta que puede producirse cuando se imponen primas significativamente más elevadas sin una justificación suficiente.
En conjunto, se evidenció que, aunque el marco jurídico ofrece hoy herramientas más sólidas para combatir la discriminación, la operativa diaria de los seguros de Salud sigue planteando desafíos que requieren criterios claros, formación especializada y una mayor transparencia del sector.
Los expertos dejaron claro que, pese a los avances legislativos y sectoriales, la accesibilidad real sigue siendo un desafío operativo y cultural, y que será necesario seguir profundizando en la formación, la información y en el desarrollo de soluciones prácticas que permitan garantizar una igualdad de trato efectiva.
