La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha publicado sus Prioridades de Supervisión para los ejercicios 2023-2025, que incluyen los ejes estratégicos y las principales áreas generales de análisis supervisor en el mercado de seguros y fondos de pensiones español para los tres próximos años.

En línea con los focos estratégicos de la supervisión del sector financiero europeo, las prioridades y áreas de actuación de la DGSFP se encuadran para los próximos años en cuatro grandes ejes:

1.- Supervisión de la adaptación de las entidades y sus modelos de negocio al entorno económico actual. Se potenciará la supervisión de los nuevos riesgos emergentes y su impacto en la solvencia y estabilidad del mercado asegurador y en la prestación de los servicios a los asegurados.

2.- Las finanzas sostenibles: Factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). Tratamiento del cambio climático. Se analizará cómo las entidades del sector fomentan los principios, reglas y objetivos de sostenibilidad y cómo valoran su impacto y contribución en esta materia, incluyendo la transparencia al mercado de todos estos elementos, y prestando especial atención a la identificación de posibles prácticas relacionadas con el blanqueo ecológico o greenwashing.

3.- La transformación digital en el sector asegurador y de fondos de pensiones y la introducción y utilización de la inteligencia artificial en los diferentes procesos y para la toma de decisiones. Se monitorizará cómo se implanta y evoluciona la digitalización y las medidas que se adoptan para garantizar su seguridad, evaluando el grado de preparación ante el Reglamento Europeo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA). Asimismo, debe de garantizarse que la inteligencia artificial aporta valor no solo a las entidades del sector sino también a los asegurados y partícipes.

4.- Influencia de los ejes anteriores en la aportación de valor en los productos ofertados a los clientes del sector asegurador y de fondos de pensiones. Se vigilará la correcta aplicación de la normativa de conductas de mercado y la protección de los derechos de los clientes que pone su acento en el diseño de los productos, su ajuste a las necesidades reales de los clientes, el equilibrio entre el coste y el valor que les aportan, la suficiencia de la información facilitada y el adecuado asesoramiento en la distribución.