María Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la DGS, ha participado en el V Encuentro Económico-Asegurador, organizado por Mutualidad de la Abogacía, en el que ha realizado un resumen del Real Decreto 885/2022, que desarrolla la regulación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, establecida en la ley 12/2022 para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

Gómez-Jover ha destacado que esta nueva ley “supone un impulso a los planes de pensiones de empleo y significa que por primera vez se considera de manera conjunta todas las pensiones, tanto las públicas como las privadas, y busca mejorar la eficiencia del sistema que tenemos actualmente”.

Por otro lado, esta experta ha resaltado los “retos del entorno económico, con unos elevados tipos de interés y tasas de inflación, que va a exigir a las aseguradoras que reajusten sus valoraciones a estas nuevas variables”. Además, ha subrayado que “será clave para los próximos meses la innovación de los productos, y ahí cabe destacar la labor constante de las entidades aseguradoras”.

También ha destacado el nuevo marco de gobernanza que se ha fijado en torno al marco de Solvencia II, que requiere que todas las personas que dirijan entidades aseguradoras y gestoras cuenten con unos conocimientos que sean una garantía del trabajo que realizan estas compañías. “Es prioritario y necesario que cuenten con una formación específica y una experiencia suficiente para abordar las responsabilidades que exigen sus puestos”.

Salvaguardar el Tercer Pilar

Dentro del mismo evento, en una mesa redonda moderada por Laura Duque, subdirectora general de Cumplimiento y Legal en Mutualidad de la Abogacía, han debatido sobre el futuro del sistema de pensiones Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco; y Xavier Varea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.

González de Frutos ha recalcado que “las reformas ideales de un sistema de reparto pasan por hacer un buen equilibrio actuarial y por ser muy transparentes con la ciudadanía, algo que creo que no se está haciendo”. Además, ha recordado que las pensiones se financian con la productividad, pero el peso demográfico está pesando cada vez más sobre las Cuentas Públicas. Hay que lograr complementar la pensión pública con el ahorro individual finalista y construido con la decisión personal de cada cotizante”.

Esta experta ha indicado además que “una buena combinación de riesgos gestionados a través de distintos soportes es fundamental”. Por ello, ha defendido que “hay que construir un modelo que sea justo para todos, en especial para los jóvenes que se jubilarán en 30 años”. Sin embargo, ha afirmado que “todavía hoy, la mayor parte de la población desconoce cómo funciona un sistema de reparto, por lo que es muy difícil crear una cultura de ahorro finalista”. González de Frutos ha aseverado también que “las aseguradoras son unos grandes inversores institucionales y este tipo de inversores son imprescindibles para la financiación de una economía como la española”.

Por su parte, Martínez-Aldama, ha comentado que “el modelo de pensiones es un modelo integrado donde hay un modelo de reparto y otro de capitalización, pero en el caso de España el modelo está inconcluso porque tiende a querer apalancarse solo en el primero, en la pensión pública”. En esta línea, ha señalado que “la actual reforma no puede haberse hecho peor para fomentar el ahorro individual, ya que se ha caído el volumen de aportaciones a los planes de pensiones y no se ha producido un trasvase de capital al sistema de empleo”.

Este experto ha afirmado que “nos hemos creado el tercer pilar sin que haya un contenido complementario. Hemos perdido varios años para fomentar el ahorro pensado para la jubilación”. Para intentar subsanar este hecho, apuesta por “generar incentivos para los empresarios de cara a establecer un plan de pensiones, ya que la nueva Ley no crea incentivos mejores que los que ya existían. El objetivo de esta reforma es llegar a las pymes y la insuficiencia de incentivos fiscales hace que esto no se vaya a conseguir”.

Además, Martínez-Aldama se ha referido a que “esta reforma, si se mantiene en el tiempo, va a hacer desaparecer muchas gestoras que se dedican sobre todo al sistema individual. De las 52 que hay en el sistema individual 40 gestionan menos de 1.000 millones de euros, y esto puede derivar en una situación de oligopolio que afectará sobre todo a los clientes”.

En cuanto a Varea, la nueva ley “cuenta con el pecado original de no contar desde el inicio con la opinión de los agentes que tienen que participar en los futuros planes de empleo”. También ha recordado que “el ahorrador español es eminentemente ahorrador y no inversor, los planes de pensiones eran un producto conocido y desde el Gobierno se está cargando un producto de ahorro que es importante en el mercado y que no tiene sustituto”.

Un año negativo

En el encuentro también ha participado Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía, quien ha subrayado que “en el muy corto plazo, no hay ningún problema tan inmediato e importante para los mercados financieros, como asumir que esta inflación que estamos viviendo tiene que relajarse. Esto lo vemos claramente en la estructura de las curvas actuales: vemos unas curvas muy tensas en la parte arriba, curvas de deuda, estructuras con pendientes negativas, que lo que nos están diciendo claramente es que el mercado interpreta, que el futuro que viene, desde el punto vista de economía real, es peor y eso tiene una inferencia clara sobre la asignación de activos. Eso hace que el año que estamos viviendo sea un año particularmente negativo en prácticamente todos los activos”.