Ana García Barona, jefa del área de Regulación I de la DGSFP, abordó en la Semana del Seguro la actualidad en materia de regulación y tramitación normativa. En este sentido, no solo detalló las normativas claves y los desafíos y tendencias futuras en regulación aseguradora, así como sus efectos para los mediadores, si no que dejó patente la intención del organismo por focalizarse en concreto en dos normativas que afectan al seguro de Autos y que, en palabras de García Barona, una de ellas «ofrecerá nuevas oportunidades de negocio«.

En concreto, informó del estado en el que se encuentra el Anteproyecto de Ley de desarrollo del régimen de infracciones de los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP), cuyo estado de tramitación pasó por audiencia pública y por junta consultiva de seguros y fondos de pensiones el pasado 20 de enero y por audiencia de las Comunidades Autónomas el pasado 29 de enero. Sin embargo, García Barona declaró que «estos planes no han tenido el desarrollo que se esperaba en este país, pero hay que tenerlo en cuenta porque se va a tener que sancionar y los importes son muy elevados».

En cuanto a las normativas que «más afectarán a los distribuidores», recalcó García Barona, listó las siguientes normativas:

• Proyecto de Ley por el que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.

Respecto al primer Proyecto de Ley, García Barona confirmó que se encuentra en trámite parlamentario y que el texto pretende, entre otro objetivos, definir de una forma «más clara y amplia» los vehículos que deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil; ampliar  el concepto de ‘hecho de la circulación‘; mejorar la protección a los perjudicados por accidentes de tráfico en el caso de insolvencia de la entidad aseguradora; mejorar el control de la existencia del seguro por las autoridades, y ampliar la regulación de las certificaciones de antecedentes siniestrales para evitar discriminaciones por parte de las entidades aseguradoras; revisar el sistema de valoración de las indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de tráfico (baremo) agilizando el procedimiento de valoración, tratando de evitar en lo posible la vía judicial, actualizando las indemnizaciones con el IPC, e incrementando y ampliando los conceptos indemnizatorios, como por ejemplo, personas con dedicación exclusiva a las tareas del hogar.

También reforzará la regulación sobre protección de datos de carácter personal, y se encomendará a la Comisión del Sistema de Valoración un informe razonado sobre el seguro de los vehículos personales ligeros (VPL o popularmente conocidos como patinetes) que se crea en la Ley, y, por tanto, la creación del seguro obligatorio de RC para VPL, a lo que García Barona alegó que «es una oportunidad de nuevo negocio» y que deberán dar un mínimo de cobertura de 6,45 millones de euros en los daños a las personas y 1,3 millones de euros en los daños a los bienes por siniestro.

En cuanto al segundo Proyecto de Real Decreto, García Barona destacó que se creará un fichero de los titulares de los vehículos a motor, que serán identificados mediante «algún tipo de placa, chapa o código QR, a modo de matrícula«.

Por último, jefa del área de Regulación I de la DGSFP adelantó que en este ejercicio el organismo también se centrará en:

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantías  de depósitos de entidades de crédito, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras;
• Proyecto de Orden ECM /2025, por la que se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras;
• Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban la norma específica de peritación de daños en las producciones de planta ornamental cultivada en contenedor con ciclo de cultivo inferior al año en los cultivos de arbustos, aromáticas, medicinales y culinarias, plantas de temporada, trepadoras y planta de interior amparados por el seguro agrario combinado.