La factura de las catástrofes producidas en España en 2024 se elevó a 11.330 millones de euros, lo que supone 6.880 millones más que en 2023, cuando se alcanzó un coste de 4.450 millones, según los cálculos del Barómetro de Catástrofes 2024 presentado hoy en Madrid en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes, celebrado bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey en el Instituto de la Ingeniería de España.

La cifra final incluye el coste asegurado (6.335 millones de euros), los costes no asegurados (2.450 millones), los costes imputados por first responders (1.231 millones) y el impacto sobre el PIB (1.314 millones).

El coste asegurado de las catástrofes supuso una factura de 6.335 millones de euros, frente a los 2.449 millones de 2023. La dana del 29 de octubre de 2024, con un coste asegurado de 5.260 millones de euros, representa cerca del 83% de la factura anual total asegurada por catástrofes naturales, que ha crecido un 160% respecto a 2023 y ha incrementado un 34,3% el coste promedio anual, pasando de 1.551 millones de euros a 2.080 millones en la última década.

Los costes asegurados generados por el resto de desastres naturales (excluyendo la dana) ascendieron a 1.075 millones, distribuidos entre el Consorcio de Compensación de Seguros (173 millones), Agroseguro (659 millones) y el seguro privado Unespa (242 millones). Por otra parte, el impacto sobre el PIB para las empresas aseguradas afectadas supuso 478 millones.

El total de daños no asegurados alcanzó los 3.287 millones de euros, de los que 2.451 corresponden a los daños directos causados por los desastres naturales y 836 millones, al impacto sobre el PIB por las empresas no aseguradas.

Las actuaciones de los first responders (Protección Civil, UME, Cruz Roja) y Tragsa supusieron unos costes imputados de 1.231 millones de euros -124 millones en 2023-, mientras que el impacto total de las catástrofes en el PIB nacional fue de 1.314 millones de euros.

Según el Barómetro de Catástrofes 2024, los daños estimados derivados de la aseguración de familias y empresas ascendieron a casi 3.290 millones de euros, lo que significa que el sector asegurador en España habría cubierto dos tercios de los costes provocados por las catástrofes naturales en España en 2024.

“Todos estos datos dramáticamente marcados por una dana que dejó 236 víctimas mortales, permiten afirmar que 2024 ha sido para España el año más catastrófico en todos los registros, no solo en el periodo observado por nuestros Barómetros (peor año de la serie 2016-2024), sino en los registros históricos de los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde su creación en 1954”, afirmó Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes.

Los datos del Barómetro indican que el Consorcio de Compensación de Seguros asumió la mayor parte del impacto de la dana, con 4.954 millones de euros en indemnizaciones, apoyado parcialmente en la gestión por las aseguradoras privadas y sus equipos periciales. A ello, se suman las compensaciones de Agroseguro (53 millones) y Unespa (192 millones) asociadas a la catástrofe, además de otros 1.135 millones correspondientes a siniestros no vinculados con la dana y abonados por Consorcio, Agroseguro y las aseguradoras privadas.

El impacto territorial y social de las catástrofes en 2024 también ha sido notable. El coste medio de los daños por habitante fue de 117 euros, frente a los 28 euros del año anterior. La media está muy condicionada por el peso de la Comunidad Valenciana, donde los daños per cápita alcanzaron los 990 euros. Si se excluyese la dana, el coste medio nacional se reduciría a 13 euros por persona, niveles comparables a los de 2022.

Además de los daños asegurados, los first responders y Tragsa asumieron 100 millones de euros en gastos de emergencia, a lo que se añaden 1.130 millones inicialmente recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, destinados a la reconstrucción y reactivación socioeconómica de las zonas afectadas.

1.840 millones en infraestructuras

Las inundaciones en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha provocadas por la dana de octubre de 2024 tuvieron un impacto económico en las infraestructuras críticas superior a los 1.840 millones de euros.

Las infraestructuras hidráulicas fueron las más afectadas –1.300 millones de euros-, seguidas del transporte ferroviario -205 millones- y del transporte por carretera -183 millones-. El Barómetro ha seleccionado estas infraestructuras porque son las que mayores dependencias generan sobre la ciudadanía y, por consiguiente, más agravan el impacto económico de los desastres.

En el sector eléctrico, 180.000 usuarios se quedaron sin suministro durante varios días. Iberdrola y Red Eléctrica invirtieron más de 110 millones de euros en reparación y modernización, mientras que los costes de emergencia y puesta en marcha ascendieron a casi 7 millones de euros.

Las telecomunicaciones sufrieron la interrupción de más de medio millón de líneas fijas y móviles. El restablecimiento del servicio y la reparación de 245 estaciones base costó 34 millones de euros, mientras que las compañías compensaron a los usuarios con 22 millones adicionales.

Según el informe, la interrupción de estos servicios agrava significativamente las consecuencias y los impactos de los desastres, al tiempo que limitan la respuesta y la recuperación. Además, asegura el informe, la interrelación que existe entre las infraestructuras “facilita que las interrupciones se propaguen en efecto cascada a otras infraestructuras, aumentando significativamente el daño causado y el impacto económico global del desastre”.

El Ministerio para la Transición Ecológica destinó 768 millones de euros a la recuperación y refuerzo de la red de agua potable y saneamiento, y 530 millones más a proyectos de resiliencia futura.

Los cálculos del impacto contemplan las pérdidas de ingresos de las infraestructuras afectadas, el coste de la puesta en marcha de los servicios interrumpidos y de reparación, recuperación y mejora.

El informe concluye que los costes de reparación y mejora representan la mayor parte del impacto y que la dana ha puesto de relieve la necesidad reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a fenómenos extremos.

6.670 millones sobre bienes y servicios

El ejercicio 2024 no solo contempló cifras récord en los costes asegurados de las catástrofes, sino que también fue el que registró un impacto más duro de los siniestros sobre la economía nacional.

El coste de las catástrofes sobre los bienes y servicios se multiplicó por más de 6 en el pasado año, alcanzando los 6.670 millones de euros, equivalentes al 0,43% del PIB español. En la Comunidad Valenciana, epicentro de la dana, el impacto equivale a más del 4,56% del PIB regional, según el Barómetro de Catástrofes 2024.

En 2024, el impacto sobre los beneficios empresariales ascendió a 1.370 millones de euros, entre asegurados y no asegurados, frente a 1.220 millones en 2023. El Consorcio de Compensación de Seguro cubrió 290 millones, una cifra récord. El sector agrario mantuvo el mayor peso entre los afectados (76%), aunque de nuevo creció el impacto entre la industria y los servicios.

Las empresas españolas dejaron de facturar 3.010 millones de euros en 2024 (4.080 millones de euros en 2023) debido a los siniestros catastróficos. Las no aseguradas perdieron 842 millones, con un impacto indirecto de 1.536 millones y uno inducido de 632 millones.

A partir de los datos del Consorcio y Agroseguro, se estima que, a consecuencia de las catástrofes producidas en 2024, el PIB nacional cayó en 1.384 millones de euros y se perdieron 27.730 empleos equivalentes a jornada completa.

De acuerdo con el análisis del Barómetro de Catástrofes, un aumento de un punto en el grado de aseguramiento reduciría las pérdidas entre un 2,5 y un 2,6%, evitando un impacto de 76 millones de euros en la facturación, 32 millones en PIB y 700 empleos equivalentes a jornada completa. “Estos datos refuerzan la importancia del aseguramiento ante el creciente aumento de desastres naturales”, expresó Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes.

A medio plazo, el empleo en la Comunidad Valenciana no ha mostrado una caída, sino al contrario, un incremento intenso pero desigual. Los municipios más afectados por la dana registraron un crecimiento del 6,1% interanual en agosto de 2025, mientras que las zonas no afectadas mantuvieron ritmos similares a los de años previos.

La reactivación del empleo en los municipios de la “zona cero” de la dana, se concentró en sectores vinculados a la reconstrucción -construcción, ingeniería civil, servicios técnicos, talleres y gestión de residuos, etc.-, que crecieron por encima del 7% interanual, frente al estancamiento del resto de sectores.

40 millones en personas con discapacidad

La dana de octubre de 2024 afectó directamente a 1.650 personas con discapacidad, de las que 53 fallecieron bien por efecto directo de la emergencia (10 víctimas), por su dependencia de los servicios de teleasistencia (37 víctimas) o por estar ubicadas en la residencia de mayores de Paiporta (6 victimas), según refleja el Barómetro de Catástrofes 2024.

El informe, que recoge datos de Fundación ONCE y Cermi CV, enfatiza que las trágicas consecuencias de la dana en vidas humanas -236 víctimas mortales (7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía oriental y 228 en la Comunidad Valenciana, según datos de Protección Civil)- “revelan el impacto desproporcionado de estas catástrofes sobre los colectivos más vulnerables”. De hecho, más de un centenar de los fallecidos tenía 70 años o más.

Las estimaciones más conservadoras elevan a 40 millones de euros el impacto directo e indirecto de la dana sobre el colectivo de personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. Más de 300 agentes vendedores de la ONCE sufrieron incidencias y aproximadamente 200 de ellos tuvieron que dejar sus tareas temporalmente. Esto supuso una pérdida de unos 300.000 euros en rentas de trabajo.

De acuerdo con el análisis del Barómetro, “la vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad no es una condición inherente a la discapacidad, sino el resultado directo de un entorno con barreras físicas, comunicativas y sociales que agravan drásticamente su exposición al riesgo”. Y añade: “La respuesta a esta crisis ha demostrado que la accesibilidad universal es una herramienta transformadora que fortalece la resiliencia comunitaria y optimiza la eficacia de la respuesta ante las emergencias”.

El informe denuncia que “la catástrofe ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de apoyo existentes. La insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural, ya que los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios”.

La crisis provocada por la dana afectó a 32 centros residenciales: 1.315 personas se quedaron sin acceso a terapias, tratamientos y actividades vitales para su desarrollo, “lo que puede conducir a regresiones en los avances logrados y dificultar la recuperación futura. “

Más de 10.000 ascensores quedaron fuera de servicio a causa del desastre, lo que agravó la situación de aislamiento de los discapacitados: unas 5.000 personas con algún tipo de discapacidad, dependencia o movilidad se vieron afectadas directamente por la falta de funcionamiento de los ascensores en sus viviendas. La avería de los ascensores supuso el confinamiento forzoso de las personas con movilidad reducida, que no pudieron realizar actividades esenciales como acudir a citas médicas, recibir terapias o, simplemente, salir de casa. Los daños del siniestro en infraestructuras viarias y de transporte público también o limitaron el acceso a servicios esenciales, “lo que resulta especialmente crítico para colectivos con alta dependencia de la silla de ruedas”.

El Barómetro de Catástrofes también pone en evidencia los fallos en los sistemas de alerta y comunicación inclusiva, “especialmente los difundidos por medios sonoros (sirenas, megafonía), que resultaron completamente ineficaces para las 450 personas sordas identificadas en las zonas más impactadas”. De igual forma, la interrupción de la electricidad y las telecomunicaciones, junto a la pérdida o daño de dispositivos móviles, impidió el uso de canales de comunicación digitales, que son vitales para el colectivo sordo. Para las personas sordociegas, la falta de formatos táctiles o vibratorios, supuso un aislamiento casi total.

La interrupción del acceso a medicación vital y a terapias esenciales reveló una grave falta de planes de contingencia en el sistema público. El cierre de farmacias, la inaccesibilidad de los centros de salud y la pérdida de recetas médicas, dejaron a muchas personas sin los tratamientos necesarios.

Entre las recomendaciones de Fundación ONCE y Cermi CV, se encuentra la aplicación del Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) en todas las políticas y planes de emergencia de las administraciones públicas, lo que exige un cambio de paradigma: pasar a un modelo preventivo de “gestión del riesgo”. El PEI debe incluir un registro oficial de vulnerabilidad, accesible y voluntario que identifique a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables.

De igual forma, califica de “fundamental” aplicar de manera estricta el principio de “reconstruir mejor”, sin limitarse a reparar lo dañado.” Toda la infraestructura dañada debe reconstruirse bajo los principios del diseño y la accesibilidad universal, lo que supone eliminar barreras arquitectónicas, instalar sistemas de transporte accesibles y asegurar la accesibilidad cognitiva con señalética clara y pictogramas.

La hoja de ruta de Fundación ONCE para una evacuación y recuperación inclusivas, recomienda también, entre otras cuestiones, implementar formación y simulacros inclusivos obligatorios, creación de un fondo social específico, impulsar la innovación y la tecnología inclusiva para emergencias, y el establecimiento de un Observatorio de Emergencias y Discapacidad.