El 7 de septiembre el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el proyecto de Ley que transpone la Directiva 2017/828 (SDR II)  y que incluye nuevas medidas de transparencia en la información para gestoras de fondos e intermediarios.

Entre ellas, la disposición adicional 2ª, fija que las gestoras de fondos de inversión dispondrán de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para publicar su política de implicación y adaptarse a las nuevas obligaciones de información. Entre las obligaciones adicionales, se introducen nuevas obligaciones de información de las gestoras cuando prestan servicios de gestión de activos de entidades aseguradoras o de fondos de pensiones.

En este caso, deberán informar anualmente a las entidades con las que hayan acordado la gestión de activos sobre su estrategia de inversión y que su aplicación se ajusta al acuerdo con estas entidades, salvo que se incluya esta información en el informe anual. También, deberán reseñar aspectos operativos como los principales riesgos a medio y largo plazo asociados a las inversiones; la composición de la cartera; la rotación de la cartera y los costes de rotación; el uso de asesores de voto para fines de actividades de implicación y su política de préstamo de valores, y la puesta en práctica de las actividades de implicación de los accionistas, si procede, en particular en la junta general de las sociedades en las que se invierte.

Además, las gestoras deberán informar a las aseguradoras sobre la adopción o no de decisiones sobre inversiones basadas en la evaluación del rendimiento a medio y largo plazo de las sociedades en las que invierten.