“Es imprescindible dar un salto en el rigor técnico del modelo actual de pensiones, incorporando ajustes automáticos de corrección para sacarlas de todo debate político”. Así se ha manifestado Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios Españoles, durante la presentación de un informe sobre la Seguridad Social española que ha elaborado esta entidad. En su opinión, “es crítica la transparencia” en cada decisión que se tome en materia de pensiones, de modo que “la sociedad sepa qué se va a pagar, cuánto se va a pagar, cómo y cuándo”. Para lograrlo, apuesta, entre otras medidas, por “la inclusión de una fuente independiente, rigurosa y capaz, con conocimiento actuarial, que elabore y supervise regularmente la información”.

Gil de Rozas, que ha señalado que este documento “no pretende ser en absoluto una solución mágica”, sí ha comentado que “resulta imperativo subrayar que el sistema público de pensiones no es sostenible financieramente ni tampoco eficiente, aunque sí muy generoso”. Sin embargo, también se ha mostrado algo pesimista al comentar que “es evidente que el Pacto de Toledo no está funcionando, por lo que hay que crear automatismos para quitar toda influencia política sobre este asunto”, que, a su juicio, “es uno de los principales retos que tenemos como sociedad”.

Entre las conclusiones principales del informe, cabe destacar que, en el caso de que no se acometan reformas, en el año 2050, el índice de solvencia del sistema de pensiones español, que mide su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago, podría quedar reducido al 24,6%. Esto significa que más del 75% de los compromisos del sistema público de pensiones podrían quedar sin cubrir; cerca del 60%, en el escenario más benévolo. O, dicho de otro modo: en apenas 30 años, 3 de cada 4 euros de pensión no tendrán cobertura financiera.

Falta de equidad

De acuerdo al documento, el saldo contributivo acumulado en pensiones en España entre 2008 y 2018 se cifra en -76.222 millones de euros, entrando en negativo desde el año 2014. Cada euro de jubilación tiene un coste de 1,28 euros. Y la cifra seguirá en aumento si, como se detecta en el informe, la revalorización de las pensiones no se ancla, al menos durante unos años, en el límite mínimo del 0,25% fijado para el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). En todo caso, es de destacar que la sostenibilidad financiera no implica necesariamente sostenibilidad actuarial.

En este sentido, Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, y miembro del Instituto de Actuarios Españoles, que se ha encargado de la coordinación técnica del informe, es taxativo: “Las pensiones españolas son muy generosas lo cual, paradójicamente, es un problema. En el corto plazo, el modelo no solo no se ha ajustado, sino que tiende a blindarse. Sin embargo, con la reforma de 2011 -que mitiga, pero no resuelve sus lagunas – el sistema de pensiones tiene ya pactado, por así decirlo, el recorte de su generosidad, precisamente por los imperativos que presentan sus necesidades de sostenibilidad, que puede llegar a ser preocupante si las pensiones se revalorizan con el IPC abandonando el IRP”.

Una generosidad que no se corresponde tampoco con la mejora de la equidad. Como se desprende del análisis del IAE, el sistema tiene graves inequidades, algunas socialmente aceptables e incluso exigibles, como las de género, pero, en general, adolece de demasiadas irregularidades y rugosidades, con desequilibrios tanto desde el punto de vista contributivo como inter e intrageneracional.