Solunion ha elaborado un análisis sobre la evolución del tejido empresarial español en los últimos años teniendo en cuenta las implicaciones de la nueva Ley Concursal. Así, la compañía ha apuntado que en el último trimestre de 2023 se alcanzarían cerca de 1.500 concursos de acreedores, lo que constituye la cifra más alta de los últimos 10 años, con la excepción de la singularidad de 2022. Según sus previsiones, 2023 finalizará con una disminución del 24% del número de insolvencias empresariales registradas. Casi todos los sectores de actividad y comunidades autónomas se situarían en cifras negativas. Uno datos que contrastan con los obtenidos en los dos años anteriores donde el número de concursos de acreedores aumentó un 21% en 2022 y 30% en 2021, respectivamente.

En esta línea, Vincent Pérez, jefe Corporativo de Análisis de Crédito de Solunion, ha explicado de qué manera afectaron factores como la pandemia, la huelga de letrados durante el primer trimestre de 2023, así como el fin de la moratoria y el posible e incipiente impacto tras la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal para las compañías españolas. No obstante, considera que “la nueva ley tiene su efecto, no cabe duda, aunque su repercusión ha sido aún limitada y el 2023 ha supuesto un año de transición. Nos encontramos en una fase de aprendizaje, tanto para las empresas, como para los juzgados, y de momento, no observamos un uso masivo de la ley. Hay que darle tiempo”.

Por otro lado, y evolucionando de manera opuesta al número de insolvencias empresariales, a octubre de 2023 la frecuencia de impagos a nivel nacional superó el periodo pre COVID-19 en un 11% y registró un notable crecimiento del 117% respecto a agosto de 2021. Así mismo, desde verano de 2021, la frecuencia de impagos continúa al alza y parece acelerarse un 21% más con respecto al año pasado, con mayor incremento para las compañías pertenecientes a los sectores servicios y agroalimentario, impactado por la caída del consumo, mientras construcción sigue de momento muy en línea con la evolución nacional.

En consecuencia, y dependiendo de cómo funcione la normativa, según las estimaciones de Solunion, en 2024 parte de los nuevos procedimientos podrían acabar en insolvencias, registrando así un nuevo incremento significativo de los concursos de acreedores.

Por su parte, Nieves Mendoza, directora de Siniestros y Recobro de Solunion España, detalló las modificaciones introducidas respecto a la anterior normativa, subrayando cómo la nueva ley permite alertar de manera temprana sobre la situación de insolvencia de una compañía, además de proponer planes de reestructuración preventivos. Asimismo, posibilita procedimientos específicos, tanto para las microempresas como para las personas físicas.

Para Mendoza, “la legislación pretende proporcionar soluciones previas al concurso. La ley ofrece más palancas de mediación y negociación a las empresas, brindarles ese apoyo o ayuda de manera ágil y eficaz disminuyendo los tiempos en los juzgados. No obstante, se encuentra lejos aún de haber desplegado todo su potencial y todavía sería pronto para evaluar el impacto exacto que tendrá”, ha concluido.