El diario El País ha accedido a la inspección que la DGSFP ha realizado a Grupo Herrero Brigantina, donde se relatan un rosario de «infracciones muy graves«, hechos que están actualmente siendo investigados por la Audiencia Nacional y que podrían suponer una estafa de unos 40 millones de euros a miles de clientes.

La primera irregularidad que detectaron los inspectores de la DGSFP en la sede central de la correduría en Ponferrada fue la opacidad sobre los ingresos del presidente de la corporación, Juan González, cuyos datos fueron negados a facilitar al supervisor, alegando una cláusula de confidencialidad, ya que Gonzalez tenía un contrato de prestación de servicios y asesoría a la sociedad. El directivo fue arrestado el pasado diciembre por la Policía Nacional en el Aeropuerto de Madrid por un presunto delito de estafa, pero fue puesto en libertad. La correduría también se negó a facilitar la remuneración del Consejo Asesor.

El fundador del conglomerado transmitió en 2021 el 82% de sus acciones en Herrero Brigantina S. A. -un paquete valorado en 25,2 millones- a una sociedad de Miami dedicada a la consultoría comercial internacional controlada por él mismo. El supervisor cree que Herrero no acreditó la veracidad del documento que demostraba ser el dueño de estas participaciones. “Se entrega una fotocopia sin ningún tipo de certificación de veracidad por autoridad alguna”, indica la inspección, que advierte de que la transacción pudo esconder “una posible falsedad en los términos declarados”.

Imposible conocer la identidad de los socios 

El supervisor concluye que, a consecuencia de esta falta de documentación, es imposible conocer la identidad real de los accionistas y socios de la empresa. Y sugiere que se le retire la autorización administrativa para operar como correduría de seguros a esta firma que dice tener sedes en Londres, París, Miami, Ámsterdam y Hong Kong.

Además, la DGSFP señala que no puede desgranar la arquitectura empresarial real del grupo, ya que sus sociedades no han aportado las cuentas de 2020 y 2021 y tampoco las del consejo de administración de 2022. El supervisor enmarca esta falta de información en una treta para no tener que someterse a las auditorias anuales. También, especula que la contabilidad no exista, que no haya libros de registros y apunta a otras irregularidades.

El organismo detecta, además, “discrepancias en la DEC» y resalta que, cuando los inspectores fueron a la empresa a entrevistar a sus directivos, el responsable de contabilidad “se ausentó a comer sin previo aviso” y, en una segunda visita, no estaba en las oficinas “por motivos familiares”. También alega «falta de honestidad«, al tener vacía la sede del domicilio social en Torre Europa en Madrid.

Confundir a los clientes

La inspección considera que el conglomerado confundió a sus clientes al simular que sus productos estaban protegidos por la DGSFP, lo que provocó un «quebranto económico en el bolsillo de los inversores», con quejas de decenas de clientes que denunciaron impagos y retrasos para recuperar su dinero. Las sumas depositadas en el supuesto esquema de éxito alcanzaron los 300.000 euros por afectado.