A lo largo de las últimas legislaturas se han producido una serie de reformas del sistema de pensiones. La última de ellas se ha basado en las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, aprobadas en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2020, y recogidas en el componente número 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Instituto Santalucía ha analizado cada uno de los elementos de la reforma y ha trasladado su visión a la opinión pública «tratando así de fomentar un debate informado y constructivo sobre la situación actual del sistema público de pensiones y sus perspectivas futuras».

En la misma línea, el instituto llama la atención sobre la necesidad de la máxima trasparencia sobre la situación objetiva en la que se encuentra el sistema de pensiones. Y subraya que «el tratamiento que se está dando al renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social no contribuye a la transparencia porque tiende a dar una visión distorsionada de la verdadera situación patrimonial del sistema».

En julio de 2024, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha hecho entrega del Informe del FRSS, correspondiente a 2023, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En él se destaca con satisfacción que el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023 era de 5.578 millones de euros, tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está operativo desde enero de 2023.

Lo que no se destaca en el informe es que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales. Así pues, aclara, «no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un “fondo de reserva” que es sólo una ilusión óptica, dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema».

Desde el Instituto Santalucía se aboga por la transparencia sobre la situación financiera del sistema de pensiones. En ese sentido, señala que «ha de reconocerse, en particular, que la consolidación de las cuentas del FRSS y de la propia Seguridad Social compensaría, en cada ejercicio, el crecimiento del saldo de aquel con el aumento de la deuda de esta, dejando en un mero espejismo el resultado, aparentemente satisfactorio, de segregar ambas cuentas».

Todas estas variables hacen necesaria «la transparencia y claridad en la información para que los ciudadanos comprendan la situación real del sistema de pensiones», advierte José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía. «En este sentido, y teniendo presentes las estimaciones que revela el último Ageing Report acerca del efecto que el envejecimiento tendrá en las cuentas públicas en el futuro, consideramos muy conveniente que pueda existir un debate sereno, honesto y con perspectiva a largo plazo para que los cambios estructurales que se precisan para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas puedan consensuarse y materializarse», ha señalado.