Los expertos proponen un seguro obligatorio para los Vehículos de Movilidad Personal
La tribuna de Foro Inade acogió el miércoles una jornada de análisis y reflexión sobre la situación actual de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y en especial la gestión de los riesgos que acarrean, ya que desde hace dos años el uso de los VMP ha ido aumentando de forma exponencial. En general, los participantes en las dos mesas redondas, profesionales y usuarios, reclamaron una legislación aplicable a estos vehículos que permita tanto a las personas que los usan como al resto de viandantes, conductores y bicicletas convivir con tranquilidad.
Inade recuerda que, según la información facilitada por la Fiscalía de Seguridad Vial correspondiente al ejercicio 2018, los VMP estuvieron implicados en más de 300 accidentes con víctimas, de las cuales cinco fueron mortales y, teniendo en cuenta estos datos, todo hace indicar que en el año 2019 el número de fallecidos podría llegar a triplicarse.
En primer lugar, intervinieron los usuarios de los VMP y profesionales de la sanidad. Áxel Costas y Jonathan Genaro (usuarios de airwheel y patinete eléctrico, respectivamente) señalaron que muchas vías por las que circulan se encuentran en mal estado de conservación, suponiendo un peligro para ellos, pero también que circular por las aceras es peligroso “porque los peatones no andan ordenadamente; aunque tampoco por carretera, ya que, por ejemplo, en las ciudades los autobuses pasan a mucha velocidad”. Ambos insistieron en la necesidad de tener conocimientos adecuados sobre su manejo, incluso regulados por licencia y prever mecanismos para no poder adulterar velocidades.
Por su parte, Raúl Portela, Director de Segmovi (Concesionario Oficial de Segway), afirmó que apuesta por tener un seguro de responsabilidad civil para cada VMP, aunque indicó que ya en la renovación para 2018 de su flota detectó más reticencias por parte de las aseguradoras y un elevado aumento de la prima.
Por su parte, Francisco Javier Domínguez Araújo, Doctor de Vithas, comentó que “en nuestro centro se han registrado pocos casos de siniestros con VMP implicados (cinco en dos años en Vigo); y de los datos oficiales publicados por diferentes instituciones sanitarias, destaca que País Vasco y Canarias reportan la mayor siniestralidad, mientras que Asturias y Castilla y León las que menos, siendo las lesiones similares a las de bicicletas, como los traumatismos craneoencefálicos (un 40%), por lo que aseguró que “el casco debería ser obligatorio y deberían limitarse velocidades”.
Como conclusión de esta primera mesa, Áxel Costas, pidió “la creación de normas generales homogéneas para todo el territorio y que cada Ayuntamiento regule sus exclusiones, porque es necesario definir por dónde se puede circular”. Jonathan Genaro requirió “más educación vial y concienciación social”, además de coincidir con el resto de intervinientes en la importancia de usar de forma obligatoria el casco.
Gestión de los riegos
Posteriormente, se celebró la mesa redonda de profesionales. En ella, Carlos Gil, Fiscal Delegado de Seguridad Vial de Galicia; Fernando Peña, Profesor y Director de la Cátedra Fundación Inade-UDC; Manuel Mirás, Vicepresidente Ejecutivo de la Fegamp y Alcalde de Oroso; y Fernando Alarcón, Director de la Asesoría Jurídica de Automóviles de Mutua Madrileña, hablaron sobre la gestión de riesgos de los VMP, abordando de forma exhaustiva todo lo relacionado con la problemática que rodea a su uso, algo que corresponde regular a los ayuntamientos. En relación con esto, Mirás informó de que en Galicia ningún ayuntamiento ha regulado el uso de los VMP. Además, hizo hincapié en que “es necesario previamente transformar pueblos y ciudades. La Unión Europea pone a disposición de los ayuntamientos subvenciones para acometer mejoras en asuntos relacionados con la movilidad, que aportarían entre 50.000 y un millón de euros”.
Manuel Mirás adelantó que este tema forma parte de las preocupaciones desde hace tiempo; así, desde la Federación se ha solicitado “regulación estatal, además de sugerir que su uso se limite a espacios adecuados: carril bici, de un ancho suficiente de vía y calzadas con limitación de velocidad a 30km/h”. Al igual que los usuarios, incide en que “se debería exigir una licencia y que habría que regular un seguro obligatorio similar al de automóviles”.
Por su parte, Fernando Peña, aseguró que no prevé que en el futuro se llegue a considerar los VMP como otros vehículos a motor y que en la instrucción de la Dirección General de Tráfico 16/V-124 ya se señala que los VMP deben circular por la calzada, y en caso de usar las aceras hacerlo a pie y llevando de la mano el VMP. De esto se deslinda que si circulan por las aceras están cometiendo una negligencia, por lo que en caso de siniestro siempre sería culpa del usuario del VMP a efectos de la Responsabilidad Civil. El director de la Cátedra Fundación Inade-UDC informó a los asistentes de que “en caso de siniestro es preciso conseguir los datos del causante y saber si tiene seguro, para presentar una reclamación” y recomienda que “aquellos empresarios cuyos trabajadores hicieran uso de los VMP comprobasen si en las pólizas de RC se excluyen los daños ocasionados por vehículos (sin detallar ‘vehículos a motor’)”.
Carlos Gil se mostró preocupado por la manipulación de motores de estos vehículos, indicando que “hay intentos de fraude al respecto y que existe un borrador de una norma en la que se indica que el VMP es aquel que tiene motor eléctrico, para un solo pasajero, sin sillín, y que pueda circular entre 6 y 25 km/h; el resto ya serían ciclomotores”.
Por último, Fernando Alarcón destacó la existencia de un borrador para la reforma de la Directiva del seguro de Automóviles, en la que se exigirá que el uso de los VMP sea regulado por cada Estado. Para Alarcón, “circular por las aceras, es crear víctimas; circular por la calzada supone un riesgo alto para el usuario” e insistió en que “en caso de regular un seguro obligatorio, la prima debería ser adecuada”. Además, señaló que los seguros voluntarios que existen en la actualidad recogen sumas aseguradas que oscilan entre los 150.000 y los 600.000€ y esta cantidad puede resultar insuficiente en caso de causar víctimas con resultado de invalidez, ya que los jueces aplicarían los criterios del Baremo de accidentes de tráfico.
Fernando Alarcón explicó que “los VMP se encontrarían entre la consideración de ciclomotor y la de bicicleta, pero en realidad se parecen más a los patines y necesitan regulación específica y un seguro obligatorio”. En este sentido, Mirás añadió que “se necesita una regulación genérica para dar paso a ordenanzas municipales” y que es necesario adaptar las ciudades a esta nueva realidad, coincidiendo con la exigencia de un seguro obligatorio.
