El seguro de Defensa Jurídica, ramo en el que trabaja ARAG, sigue siendo poco común, pero es bien valorado por quienes lo poseen, especialmente por su ayuda para acceder a la ley. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del estudio “Confianza en el Estado de Derecho”, elaborado por Grupo ARAG, que analiza la percepción de la protección de derechos fundamentales, la igualdad ante la ley o la independencia de tribunales y jueces en algunos de los países donde opera la aseguradora:  Alemania, los Países Bajos, España, Italia, Noruega, el Reino Unido y los Estados Unidos.

En este sentido, el estudio revela que 1 de cada 10 encuestados en España tiene un seguro de protección jurídica, mientras que el 61% no lo considera una opción. En contraste, más de la mitad de las personas en Alemania y el 48% de la de los Países Bajos tienen un seguro de protección jurídica. Esto se explica parcialmente por los altos costes de los abogados en esos países.

Los españoles y españolas que han tenido un problema legal en los últimos 10 años son aún más propensas a tener este tipo de seguro. Los más jóvenes (15 %) y las personas con hijos (16 %) tienen una mayor probabilidad de contar con un seguro de Defensa Jurídica. Los hombres, los menores de 30 años y las personas con un menor nivel de estudios tienen una percepción más positiva del seguro de defensa jurídica, con un 37% en cada grupo.

Confianza en el Estado de Derecho

Además, el estudio indica que la confianza en el Estado de Derecho es más alta en Noruega (81% de las personas consultadas), mientras que los niveles más bajos se encuentran en los países del sur de Europa, como España (49%) e Italia (43%). 

En Italia, seis de cada diez personas no se sienten en buenas manos en los tribunales del país. Curiosamente, en Noruega confían más en el Estado de Derecho que en los abogados, a diferencia de España, donde los abogados son percibidos positivamente en su trato con los clientes: un 58% de los encuestados por ARAG en España considera que los abogados representan sus intereses de manera óptima y realizan un buen trabajo asesorando.

Una de las mayores disparidades del informe de ARAG se observa en la percepción de la igualdad ante la ley: el 72% de los noruegos cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, mientras que solo el 34% de los españoles, el 37% de los italianos y el 54% de los estadounidenses comparten esta opinión. Un reciente estudio del CIS aporta más información aún: un 89,9% de españoles no comparte que la justicia trate igual a los políticos que a los ciudadanos.

Costes y tiempo, principales obstáculos

En todos los países, dos de cada diez personas han tenido problemas legales en los tribunales al menos una vez en los últimos diez años. En general, los costes y el estrés son las razones más comunes para evitar los procedimientos legales. Los abogados son el punto de contacto más común para resolver problemas legales en todos los países, excepto en los Países Bajos, donde se recurre principalmente al seguro de Defensa Jurídica.

Según el informe de ARAG, 3 de cada 10 españoles ha tenido al menos un problema resuelto en los tribunales en los últimos 10 años. Las personas con hijos evitaron los procedimientos judiciales con mayor frecuencia, mientras que las personas de entre 50 y 75 años fueron menos propensas a renunciar a su derecho a procedimientos legales.