Mutualidad ha organizado la sexta entrega de su ‘Encuentro Económico Asegurador’. Durante el acto, Fernando Ariza, presidente de Instituto de Actuarios Españoles y director general adjunto de Mutualidad, Andrés Romero, presidente de ICEA y CEO de Santalucía, y Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, participaron en una mesa de debate centrada en ‘La brecha de protección en España: e evolución, perspectiva y solución’.

Para Ariza, el sector colabora con la sociedad ayudando a reducir la brecha de seguridad y de protección porque «allá donde no llega el Estado, llega el seguro», Sin embargo, el director general adjunto de Mutualidad considera que el sector «debe ver por qué no todas las empresas y los ciudadanos no llegan a asegurarse». Apuntó que se debe poner el foco en colectivos vulnerables. «Salud, dependencia, finanzas y economía digital, son las mayores vulnerabilidad de los ciudadanos hoy en día. Todos somos vulnerables, en mayor o menor intensidad. Pero, para los segmentos de exclusión, quizás hay que buscar un modelo basado en el microseguros o de colaboración publico-privada para que los colectivos más vulnerables puedan acceder a la protección del seguro».

Por su partes, Romero, señaló que en España tenemos una protección del 5,1% frente a la europea, cuya media se sitúa en el 8,2%. Por lo que estimó que a nivel social, «el seguro se considera un gasto en lugar de una protección». Por ello, consideró que «debemos seguir invirtiendo e impulsando la educación financiera. Solo con formación e información se pueden tomar decisiones adecuadas y responsables. Debemos emplear la IA para proveer soluciones muy a la medida de todos los ciudadanos, especialmente de los colectivos vulnerables, para que puedan acceder al seguro con la mayor protección posible». Y apuntó que «la mitigación del riesgo también ayuda a reducir la brecha de protección, por ejemplo, respecto a las catástrofes naturales».

Romero añadió que «en cuanto las instituciones públicas trabajen de forma efectiva y coordinada con el seguro, como ha ocurrido con la Dana, podremos trabajar y conseguir reducir efectivamente la brecha de protección. De la DANA hemos aprendido y, si continuamos esta actuación, en 5 años habremos solucionado este problema«. También consideró que esa reducción y generación de pensiones y de ahorro eclosionará con los planes de empleo, «van a tomar velocidad, y aunque también se deben generar los hábitos de ahorro desde la empresa».

Para finalizar, Ariza vaticinó que va a cambiar el concepto de que el seguro paga indemnización, si se sigue trabajando en conceptos como la prevención y el cuidado. Además, trasladó la norma de las 5P’s de la medicina al seguro, añadiendo dos más: Productos y Primas más inclusivas, y Personalización, Predicción, Poblacional y Participativa, y Promover foros de análisis y debate para mejorar el sector. «El éxito vendrá cuando todos los actores implicados crucemos juntos la meta, no solo el primero».

En opinión de Mirenchu del Valle, «nuestra asignatura pendiente es el sistema de protección, porque ese ahorro es la antesala de la inversión».

Retos del sector y prioridades del supervisor

José Antonio Fernández de Pinto, director general de Seguros y Fondos de Pensiones cerró el acto apuntando que los retos del sector coinciden desde todos los puntos de vista de los actores implicados, desde la necesidad de la personalización de seguros, a fomentar el ahorro, abordar el reto de la IA «para que nos ayude a dar mayor y mejor servicio», y sostenibilidad, así como reducir el gap de los riesgos climáticos o la reducción de la huella de carbono.

Para Fernández de Pinto, «2024 ha sido un año satisfactorio» en los resultados de las entidades, con crecimiento en primas y una ligera corrección de Vida Ahorro; el ratio de seguros generales, afectado por la mayor frecuencia de la siniestralidad y severidad, «también se ha visto mejorado en este ejercicio»; se mantiene una rentabilidad del 11% en los fondos propios, y unas niveles de solvencia del 240%.Así mismo, advirtió de la exposición al riesgo crediticio de las entidades; la volatilidad de las inversiones; el entorno de inflación en seguros generales. También destacó que el crecimiento económicos, la capacidad de ahorro y el valor añadido de los productos, «van a hacer que el seguro se vea reforzado».

Así mismo, avanzó que las prioridades del supervisor se van a enfocar en la monitorización del marco macroeconómico, el análisis de las reducción de capital en las entidades cuando se utilizan técnicas de mitigación, y la adaptación del marco ORSA. Desde el punto de vista de gobierno y conducta de mercado, «debido a la renovación de los Consejos de Administración, hay que aprovechar para buscar diversidad de aptitudes y colectiva que pueda responder a las necesidades de los ciudadanos, no solo con visión aseguradora si no con otro tipo de valores y visiones que también pueden ser necesarias, y la figura del Consejero Independiente», Fernández de Pinto explicó que la DGSFP se están realizando entrevistas personales y valoraciones a los consejeros que se están incorporando a la entidades «para ayudar a ese cambio y a la búsqueda de talento para el sector».

Actuaciones para 2025

El director general de Seguros y Fondos de Pensiones quiso hacer una reseña especial a «la resiliencia operativa digital, que debe conllevar una gestión del riesgo con estructura de gobernanza robusta, gestión de riesgos de tercero, para lo que se enviará una comunicación especial de cómo notificarlo a finales de abril, y la gestión, clasificación y notificación de ciberincidentes, a través de su web, además de su seguimiento». En el ámbito regulatorio, destacó los tres proyectos que se encuentran en tramitación: el proyecto de Ley de modificación del Ley del seguro de Autos, con el objeto de incorporar la directiva del seguro del Automóvil al ámbito nacional y mejorar la situación de las víctimas de tráfico; el Real Decreto del Reglamento de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, ligado al proyecto anterior, y el proyecto de Orden Ministerial de la nueva DEC.

Y, para 2025 y 2026, la transposición de la Directiva de Modificación de Solvencia II y la Directiva de Recuperación y Resolución de las empresas de seguros y reaseguros. Ambas directivas, apuntó Fernández de Pinto, deben estar transpuestas a 29 de enero de 2027, por lo que afirmó haber iniciado los trámites de transposición y convocado una junta consultiva el próximo 25 de febrero. «Nos gustaría tener la consulta pública previa en el primer trimestre y la audiencia e información pública a finales de año», concluyó.