La Dirección General de Tráfico ha hecho públicos hoy los datos sobre la campaña de vigilancia de transporte escolar, que ha durado cinco días, y en la que destaca que casi la mitad de los autobuses controlados (3.797 en total) fueron sancionados por diferentes motivos.

Entre las infracciones destaca no tener la autorización especial para realizar transporte escolar, no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, excesos de velocidad, deficiencias en el estado del vehículo, o incluso la detección de alcohol y drogas en 20 casos.

Ante estos datos, Fundación RACE mostró su alarmante preocupación y solicita que los propios centros escolares sean vigilantes con estos comportamientos, y que las asociaciones de padres y madres (AMPAS) exijan a los responsables del transporte escolar todos los permisos obligatorios para los traslados de sus hijos. Además, considera que las sanciones a los infractores deben ser ejemplares por poner en peligro, en muchos casos, la vida de los más pequeños.