El Consejo de Ministros aprobó, en primera lectura, el anteproyecto de Ley de Fondos de Pensiones de Promoción Pública y Planes Simplificados, que pretende generalizar en las empresas el ahorro a largo plazo para la jubilación de sus empleados, que el Ejecutivo pretende que esté en vigor en junio de 2022. El texto normativo entra ahora en fase de consulta pública.

El anteproyecto modifica la fiscalidad de los planes de pensiones, rebajando a 1.500 euros el límite para la deducción en los planes individuales y PPA, y aumentando a 8.500 en los planes de empleo. En este caso, la aportación de la empresa será a partes iguales con la del trabajador. Además, los trabajadores autónomos podrán aplicar una deducción anual hasta 5.750 euros. Son los que corresponden de sumar el límite de un plan individual (1.500 euros) con la mitad del de empresa (4.250).

La nueva norma habilitará a los convenios colectivos sectoriales para que promuevan estos planes entre las empresas del sector. Asimismo, empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva; Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas; asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, colegios profesionales y mutualidades de previsión social, podrán constituir planes de empleo simplificados, una figura jurídica de nueva creación.

Además, el Estado será el promotor del plan público gestionado por entidades privadas, cuya gobernanza se realizará a través de una comisión de control, en la cual la Administración se reserva la mayoría. De una total de 17 miembros, 9 los nombra la Administración, 4 la patronal y 4 los sindicatos. Sus fondos serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria.

La futura norma también simplificará la constitución de planes de empleo, pasando de los 7 pasos actuales para constituirlos a tan solo un paso, según el Gobierno.