Con el inicio de 2026, entra en vigor en Países Bajos una reforma de calado en su sistema de pensiones públicas, que implica que un cuarto de los 2 billones de euros con los que cuenta el modelo neerlandés será gestionado de forma activa, asumiéndose más riesgo en sus inversiones, para conseguir más rentabilidad, ya que hasta ahora las inversiones conservadoras del modelo apenas podían cubrir la inflación.

El cambio implica que se rompe la «hucha común», destinándose 500.000 millones a inversiones más activas, principalemente de los cotizantes más jóvenes, ya que las personas cercanas a la jubilación mantendrán un sistema conservador de inversiones.

Este cambio podría beneficiar a la deuda pública española y bonos corporativos españoles, catalogados de mayor riesgo que la de los países del Norte de Europa, que podrían recibir una parte del enorme volumen de pensiones neerlandesas que ahora buscarán más rentabilidad en los mercados internacionales.

El cambio permite a los fondos asumir más riesgo inversor, con mayor peso de acciones, deuda corporativa o hipotecas, aunque con perfiles de riesgo diferenciados según la edad: quienes están más cerca de jubilarse quedan relativamente más protegidos.

El 1 de enero, el primer gran grupo de fondos, que gestionan más de 500.000 millones de euros, pasarán al nuevo sistema y tendrán un año para adaptar sus carteras, calcular el reparto, aplicar subidas iniciales y asignar las compensaciones previstas. Otros fondos, como el de los funcionarios ABP, iniciarán la transición en 2027.