La Fiscalía de Sevilla ha solicitado condenas de 6 años de cárcel y el pago de una indemnización de algo más de un millón de euros para dos hombres acusados de quedarse con dinero de la aseguradora en la que trabajaba uno de ellos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a J.M.F.M. y P.P.M., a quienes el Ministerio Público considera autores materiales de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa también continuado.

Por ello pide para cada uno de ellos una condena de seis años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros, así como el pago solidario de una indemnización de 1.073.965,03 euros.

Hay un tercer acusado, J.J.L., para el que la Fiscalía reclama tres años de reclusión y la misma multa de seis euros al día durante doce meses por un delito de falsedad en concurso con otro de estafa no agravado.

Los hechos presuntamente ocurrieron entre 2010 y 2015, cuando J.M.F.M., responsable del departamento de desarrollo de productos de asistencia familiar de Helvetia, se arregló con los otros dos encausados para que le giraran facturas por productos o servicios que realmente no se prestaban. A continuación, los tres se repartían el importe total según el porcentaje que habían pactado entre ellos.

El principal acusado estaba habilitado por su empresa para autorizar y dar conformidad al pago de facturas cuyo importe individual no superara los 30.000 euros sin necesidad de aprobación de ningún superior.

En el momento de los hechos, P.P.M. era administrador único de las empresas Arbigest y Aseinco, mientras que J.J.L. ocupaba ese mismo puesto en Proco Business Retiro.

Entre el 20 de octubre de 2010 y el 1 de agosto de 2012, Arbige abonó trece facturas simuladas por un importe de 296.304 euros, mientras que Aseinco hizo lo propio con 32 facturas también simuladas por un valor total de 777.661,03 euros entre el 9 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2015. En cuanto a Proco, en mayo de 2015 emitió una sola factura de 16.516,50 euros por la venta de unos tensiómetros que no fueron entregados.