Diego González, director del área de Seguros del bufete Le Morne Brabant, responde a algunas cuestión en materia de protección jurídica frente a grandes siniestros. Dudas que tienen que ver con la reparación moral y económica en situaciones como la DANA de Valencia de 2024, el reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) o la sucesión de borrascas que han atravesado este invierno la Península Ibérica, que ha provocado la evacuación de cerca de 2.000 personas en Grazalema (Cádiz).

1. ¿Qué errores comunes cometen los afectados en las primeras 72 horas?

El principal error, responde el experto, es actuar sin asesoramiento especializado. Se pierden pruebas, se realizan declaraciones imprudentes o se firman documentos sin comprender su alcance jurídico. En esta fase es esencial preservar comunicaciones, registros electrónicos y documentación técnica. También debe evitarse negociar directamente con aseguradoras o responsables sin asistencia letrada independiente.

2. ¿Qué es más efectivo a la hora de conseguir una compensación?

De un lado, las asociaciones aportan fuerza y visibilidad. Del otro, el abogado propio garantiza una estrategia personalizada. Una línea de actuación combinada puede ser lo más efectivo.

3. ¿Cuánto puede durar el proceso?

En grandes siniestros hablamos habitualmente de procedimientos complejos que pueden extenderse entre 5 y 10 años. La instrucción penal suele ser larga debido a la necesidad de periciales técnicas complejas. Posteriormente pueden existir recursos ante instancias superiores. La duración exige planificación financiera y procesal desde el inicio.

4. ¿Cuál es la primera decisión jurídica clave en un gran siniestro?

En un gran siniestro, explica Diego González Cueto, la primera decisión no es elegir entre la vía penal o civil, sino diseñar una estrategia procesal integral desde el primer momento. La experiencia demuestra que los casos relevantes exigen una actuación coordinada en el ámbito penal, civil y, en su caso, contencioso-administrativo.

La jurisdicción penal, añade, permite asegurar pruebas, depurar responsabilidades personales y activar mecanismos de investigación potentes. La vía civil garantiza la reparación económica. Cuando interviene la Administración, la responsabilidad patrimonial exige un planteamiento específico.

5. ¿Qué objetivos realistas pueden perseguirse en una demanda por las consecuencias de un gran siniestro?

Los objetivos de verdad, justicia y reparación no siempre son alcanzables en la misma medida. La verdad se construye a través de prueba técnica rigurosa. Las condenas penales requieren imprudencia grave y acreditación sólida del nexo causal. Las indemnizaciones, en cambio, dependen de la prueba del daño y la responsabilidad civil. Además, muchos procedimientos generan mejoras normativas y de seguridad estructural.

6. ¿Qué pruebas resultan determinantes?

Las pruebas técnicas son decisivas: registros electrónicos, protocolos de seguridad, mantenimiento, comunicaciones internas y periciales independientes. En estos casos, la prueba emocional (acreditar, por ejemplo, el impacto psicológico que han producido los hechos) no sustituye a la prueba técnica. La diferencia entre una condena y una absolución suele encontrarse en la calidad del informe pericial.

7. ¿Qué diferencia la responsabilidad civil de la penal?

La responsabilidad penal exige imprudencia grave y vulneración clara de normas de seguridad. La responsabilidad civil se fundamenta en el daño y la negligencia, incluso leve. Puede no existir delito y sí existir una indemnización cuantiosa. Son planos jurídicos distintos y autónomos.

8. ¿Cómo se calcula la indemnización?

Se valoran daño moral, lucro cesante, gastos futuros, dependencia y alteración del proyecto vital. El Baremo de Tráfico es referencia habitual, pero no constituye un límite absoluto. En grandes siniestros, el análisis debe ser individualizado y técnicamente fundamentado.

9. ¿Qué medidas cautelares pueden adoptarse?

Fianzas, embargos preventivos y aseguramiento de pruebas deben solicitarse en fases tempranas.

Estas medidas garantizan que, tras años de proceso, exista patrimonio suficiente para responder.

10. ¿Cómo se garantiza la indemnización a largo plazo?

Mediante acción directa frente a aseguradoras, responsabilidad solidaria, fijación de fianzas y, en su caso, implicación de la Administración. La estrategia financiera es tan importante como la jurídica, concluyen desde Le Morne.

Por último, Diego González recuerda que los seguros son actores centrales. «Se discuten límites de cobertura, exclusiones, concurrencia de pólizas y delimitación temporal del riesgo. Un análisis técnico profundo de la póliza puede determinar diferencias indemnizatorias de enorme relevancia económica«.