Santalucía ha recibido la certificación Aenor que le reconoce como organización que dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Tributario conforme con la norma UNE 19602:2019.

Con la obtención de la certificación se ratifica que el sistema de gestión tributario de la compañía, el cual nace de su Política Fiscal y del desarrollo de la misma a través de sus distintos procesos y controles, es robusto y en línea con las mejores prácticas tributarias y siempre con el objetivo de demostrar que Santalucía cumple con sus obligaciones con el máximo compromiso. Muestra de este compromiso es, además de la obtención de la certificación, la adhesión de Santalucía al Código de Buenas Prácticas Tributarias la cual se llevó a cabo a finales de 2023.

La certificación del sistema de gestión tributario de Santalucía, que se ha desarrollado en el marco de su Plan de Transformación Financiera, es el resultado de la revisión por parte de Aenor de los trabajos realizados durante varios años en los que se han involucrado numerosos departamentos dentro de la compañía.

Además, Santalucía ha creado el Comité Fiscal Corporativo, el cual se encarga de supervisar la planificación e implementación de los procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión tributaria. En esta línea, Mario Plaza, director Corporativo de Fiscalidad de Santalucía, ha señalado que «el desarrollo de nuestra política fiscal y de los procesos y controles asociados para la detección, corrección y prevención de riesgos, formar y concienciar al personal de la organización respecto de los riesgos tributarios y establecer canales de comunicación a través de nuestro canal de denuncias, nos ha permitido ser una de las primeras aseguradoras en obtener la Certificación UNE 19602 de nuestro sistema de gestión tributaria».

La norma UNE 19602:2019 ayuda a las organizaciones a crear una cultura corporativa de prevención y de cumplimiento orientada a cumplir con sus compromisos y obligaciones en el ámbito tributario. Proporciona los elementos que debe implantar para identificar y gestionar sus riesgos tributarios y evitar situaciones que puedan llevar a la comisión de un delito fiscal, de una infracción tributaria o a la aparición de una deuda tributaria inesperada. Facilita asimismo la transparencia frente a la Administración Tributaria y un cumplimiento ético de la organización respecto a sus relaciones con la Administración pública estatal, autonómica y local.