Después de que la DGSFP, advirtiera el pasado 28 de junio de que 6 entidades ligadas a Grupo Herrero Brigantina no tenían autorización para operar en seguros, sigue el goteo de informaciones alertando de las dificultades de la correduría.

Así, el bufete de Brámigo Abogados, con sedes en Madrid y Palencia, ha declarado en Confilegal que está gestionando las reclamaciones legales de unos 200 inversores en Herrero Brigantina, que presuntamente podrían tener atrapados ahorros por valor de 600.000 euros. 

Hasta el momento, se han presentado cerca de 20 querellas y denuncias en Palma de Mallorca, Valladolid, Palencia, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Asturias, León, Ponferrada y Zaragoza, que acusan a la correduría supuesta «estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal».

Por su parte, Invertia ha publicado una conversación del presidente de la correduría, Juan González Herrero, en que habría transmitido a sus directivos que «la DGSFP quiere quitarnos la licencia».